Una investigación periodística de "El Mercurio" detectó importantes diferencias en las prácticas utilizadas por las distintas comunas balnearios, tanto en los procedimientos para asignar la concesión de los estacionamientos en la playa como en la forma en que se realizan los cobros a los usuarios.

En ocasiones, la asignación es poco formal y transparente, excluyendo a potenciales interesados que podrían competir y reduciendo así los ingresos para la comuna. En otros casos se usan prácticas prohibidas por la Contraloría, tales como no cobrar a los automóviles que pagan derechos de circulación en la comuna. En esta época del año los problemas se hacen visibles por las quejas de los usuarios por los cobros, en algunos casos bastante elevados, por estacionar en la playa.

En principio, cuando hay más demanda que oferta -como es el caso de los espacios de estacionamiento-, una tarifa permite reducir la demanda y acercarla a los estacionamientos disponibles. Los ingresos resultantes se pueden recibir directamente (mediante un sistema de cobro municipal a cada usuario) o indirectamente (mediante una licitación que genere recursos y en que un tercero se hace cargo del riesgo y gestión de los estacionamientos), y así ayudar a que la comuna disponga de mayores recursos. La investigación mostró que la implementación de estas alternativas es errática, deficiente y hasta podría tener elementos que contravienen las normativas legales y levantan sospechas de irregularidades.

Resulta difícil explicar que algunas comunas sacrifiquen ingresos que han obtenido en el pasado mediante licitaciones, para pasar a otorgar el beneficio de la concesión en forma directa, recibiendo menos de un 20% de lo que ofrecía uno de los oferentes en una licitación declarada desierta.

En otros casos, un valor bajo conseguido en la licitación parece deberse a la imposición ilegal de no cobrar a los automóviles de la comuna, que representarían una proporción mayoritaria de los vehículos estacionados en las playas comunales. Esta discriminación arbitraria ha sido declarada ilegal por la Contraloría, pues los municipios no pueden prometer ese tipo de beneficios para atraer el pago de permisos de circulación. Además, parece una discriminación arbitraria por un espacio -la calle- que es un bien público. Estas irregularidades provocan irritación en los demás usuarios, que se sienten abusados. Sin duda, algunos de los casos de gestión municipal registrados por ese reportaje periodístico ameritan un escrutinio jurídico y ciudadano más acucioso.

Por su parte, la solución más probable al problema de los estacionamientos cercanos a la playa será una reducción de las zonas destinadas a esos efectos. Esto permitiría embellecer los balnearios, dedicando el espacio a jardines o áreas de paseo y caminata. En tal escenario, habría estacionamientos más alejados de la playa, pero disponiendo de un sistema de acercamiento, incorporado en el precio. Un esquema de este tipo contribuiría a hacer más atractivos los balnearios y a evitar las molestias de los usuarios de las playas.