Tras seis meses de injustificado retraso, y coincidiendo con la publicación por parte de Cepal de las estadísticas de la región, el Gobierno finalmente ha dado a conocer los resultados de la Casen 2013 y la medición oficial de pobreza. Más allá de ciertos cambios metodológicos, confirma dicha encuesta el sostenido avance de las últimas décadas en la reducción de las manifestaciones más crudas de la desigualdad: la fracción de la población considerada pobre y de aquella en situación de extrema pobreza. Por ejemplo, el Gobierno informa -y Cepal concuerda- que la pobreza disminuyó desde 39% a 8% entre 1990 y 2013, mientras que la pobreza extrema se rebajó desde 13% a 2,5%. Especialmente satisfactorio resulta comprobar que el avance contra la pobreza, que en estimaciones anteriores había parecido detenerse, en la nueva versión recobra velocidad desde 2003 y, con particular intensidad, a partir del 2009.

En esta oportunidad, el Ministerio de Desarrollo Social ha introducido tres importantes innovaciones que pueden causar alguna confusión. Primeramente, ha reducido desde 2009 en adelante el costo estimado de la canasta básica empleada para medir la pobreza, aduciendo -con razón- que esa medición exageraba el impacto de la fuerte alza de los alimentos ocurrida en los últimos años. Aunque el argumento es plausible, torna incomparable los nuevos valores con la serie previa. Además, el que la enmienda mejore sustancialmente el resultado del primer gobierno de la actual mandataria en la materia no favorece la credibilidad de la ya controvertida medición. Pero es saludable constatar que la nueva vara de medida -validada por Cepal- revela que la pobreza ha sido últimamente algo menor de lo que creíamos.

Más interesante es la segunda modificación metodológica, consistente en una nueva canasta para estimar la pobreza, tomando en cuenta los nuevos patrones de consumo y la incidencia del tamaño de los hogares. De acuerdo con esta nueva métrica -que sigue los lineamientos del comité de expertos convocado por el gobierno anterior y es más exigente que la cuantificación previa-, la pobreza resulta ser considerablemente superior (14%), pero también viene cayendo aceleradamente. El nuevo indicador, disponible desde 2006, muestra su mayor progreso durante el gobierno del Presidente Piñera y da cuenta de que, entre 2011 y 2013, un millón doscientas mil personas habrían dejado de ser pobres.

La tercera modificación es la creación de un nuevo concepto de "pobreza multidimensional", disponible desde 2009. Este contabiliza no solo la insuficiencia de ingresos, sino otras carencias, tales como educación y salud. Todavía es temprano para evaluar su desempeño, pero hay que consignar que, aunque resulta en una medición aun más alta -20% en 2013-, también revela una sustancial rebaja respecto del 28% registrado en 2009.

Como suele ocurrir, los datos de pobreza son munición fácil en la refriega política. Las nuevas cifras oficiales de Chile, por el sostenido progreso que muestran y lo bien que nos sitúan en el contexto latinoamericano (solo nos aventaja Uruguay, según Cepal), no pueden sino ser consideradas un contundente espaldarazo para el modelo económico y social que ha seguido el país y que hoy es tan cuestionado desde sectores del oficialismo.

De las palabras de la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Villegas, podría deducirse que la persistencia de una alta desigualdad de ingresos -la cual, según la Casen 2013 presenta solo una leve mejoría- justificaría el giro hacia políticas redistributivas que promueve el Gobierno. Pero esa encuesta muestra cómo ha favorecido a los más pobres la estrategia de alto crecimiento, creación de empleos y programas sociales bien focalizados que ha seguido Chile. Cabe, desde luego, procurar más igualdad, pero siempre que ello no frene nuestro dinamismo económico y social. Con las nuevas y más exigentes métricas, pese a los avances, hay más de dos o tres millones de chilenos -según la definición que se aplique- que viven en la pobreza. Su incidencia es mayor en las zonas rurales, entre la población indígena y en regiones como La Araucanía, donde asciende al 28%. Por razones éticas, políticas y económicas, combatir la pobreza debe seguir siendo la prioridad número uno.