Extrañeza ha provocado el anuncio del ministro de Defensa de Perú sobre la construcción de un complejo cultural y gastronómico en un terreno de alrededor de 10 hectáreas ubicado en el área urbana norte de Arica. La propiedad se sitúa en las cercanías de la playa Chinchorro, se encuentra abandonada, e inscrita a nombre del Estado peruano. Su despoblamiento limita el desarrollo natural de Arica.

Esta propiedad ha creado un antiguo debate jurídico. Perú ha sostenido impropiamente que está amparada por un estatuto especial derivado del artículo séptimo del Tratado de Lima, del 3 de junio de 1929, omitiendo que su adquisición se perfeccionó el 21 de enero de 1935, mediante la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Arica de una compraventa otorgada en Francia, fechada en 1926.

Siendo una transferencia posterior al Tratado de 1929 y no contemplada en ningún convenio bilateral, solo cabe la aplicación del régimen común de la legislación chilena, con los destinos que autorice a esta propiedad el plan regulador y la Municipalidad de Arica, incluyendo su declaración de utilidad pública, respetando el derecho de su propietario y las buenas relaciones con Perú.

Por lo mismo, extraña el anuncio unilateral y en una ceremonia militar del proyecto por el secretario de Estado a cargo de la Defensa de Perú. El anuncio fue seguido de la reciente publicación de un Decreto Supremo de Perú, con el subtítulo de Defensa, que declara "de interés nacional y necesidad de desarrollo" del proyecto. También se consigna en el decreto que el Estado adquirió el terreno para alojar y dar refugio a "plebiscitarios" de la vecina ciudad de Tacna que optaron por permanecer en la ciudad tras la Guerra del Pacífico. Hay quienes sostienen, recordando experiencias anteriores, que podría tratarse de una iniciativa para crear un desencuentro contrario a los esfuerzos por las buenas relaciones bilaterales.

Corresponde a las autoridades nacionales hacer presente, con claridad, que debe descartarse cualquier uso militar de esos terrenos y señalar que la iniciativa deberá ser sometida a las debidas autorizaciones chilenas, que no contemplan los destinos mencionados en el decreto aludido.

Es interés compartido para el Perú y Chile encontrar un destino adecuado para un terreno baldío cuyo buen aprovechamiento podría colaborar a la integración de ambos pueblos, aportar valor a su propietario y contribuir al crecimiento orgánico de Arica. El propio presidente del Gobierno Regional de Tacna consideró el proyecto del gobierno peruano como dañino para los intereses de su provincia. En ese sentido parece oportuno mencionar la necesidad de restablecer el funcionamiento del ferrocarril de Tacna a Arica que desde algunos años se encuentra lamentablemente abandonado por Perú.