Este viernes Ernesto Silva, presidente de la UDI, se refirió al caso Penta:

"Aun cuando no existe una responsabilidad institucional (...), lamentamos lo ocurrido y nos disculpamos ante la ciudadanía por cualquier conducta individual de alguno de nuestros militantes que suponga un financiamiento de campañas políticas de manera irregular".

Esa declaración -que exculpa a la UDI y atribuye todo a conductas meramente individuales- es de las falacias más groseras del último tiempo.

Y es que el caso Penta muestra que entre ese grupo y la UDI existía una íntima promiscuidad.

Formalmente la UDI parecía un partido político, esto es, una agrupación de personas que se trataban como iguales entre sí, que compartían ideas y aspiraban mediante la competencia electoral a ganar el gobierno. Aparentemente tenía dirigentes, es decir, personas dotadas de la inteligencia y la autonomía para conducirlo y promover las ideas que lo inspiraban. Todos creían que tenía un patrono, Jaime Guzmán, cuyas ideas sus miembros veneraban, y un líder histórico, Jovino Novoa, que respetaba y hacía respetar las reglas. Y en fin, la gente suponía que tenía parlamentarios: personas que se habían ganado la confianza de los ciudadanos y se esmeraban por promover sus intereses.

Pero nada de eso era cierto.

La UDI no era un partido político, sino en realidad el simple apéndice más o menos fraudulento de un holding empresarial, con cuyas cuentas e intereses se confundía; un partido que, en vez de dirigentes capaces, poseía socios o empleados de ese mismo holding , el mismo Ernesto Silva es el ejemplo, cuyas instrucciones soterradas recibía por mail ; una agrupación que no tenía en verdad un patrono, Jaime Guzmán, sino patrones, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín; un grupo cuyo líder histórico, Jovino Novoa, no era un líder sino simplemente alguien cuyo poder derivaba del hecho de ser un broker entre el holding y sus dependientes que fingían ser representantes del pueblo; un partido entre cuyos parlamentarios se escondían mendicantes y pedigüeños que ofrecían a sus benefactores una lealtad perruna y eterna, y algunos de los cuales se revelaron además como mentirosos, como fue el caso de Ena von Baer.

En suma, la UDI no era un partido político, era una dependencia del grupo Penta. Y el grupo Penta, por su parte, era el instrumento, en el gigantesco ajedrez del poder y de los intereses, de un par de voluntades individuales.

Hay en la historia política chilena variadas trampas en perjuicio del fisco en la derecha y en la izquierda, pero ninguna, hasta ahora, había comprometido la entera identidad de un partido y de sus dirigentes.

La más famosa definición de político profesional la dio, en una de sus conferencias, Max Weber. Un político profesional, dijo, es quien "vive de la política y para la política". Vivir de la política y para la política era una forma, insinuó Weber, de garantizar la independencia del político democrático y es lo que justifica que se le remunere bien con cargo a rentas generales. Algunos miembros de la UDI acaban, sin embargo, de modificar esa definición famosa. Ahora un político profesional, un ejemplo de los cuales es Pablo Wagner, es quien hace política y vive del grupo Penta. Es obvia la manera en que todo eso lesiona la independencia de un político y salta a la vista el modo en que lo desprovee de dignidad. ¿Cómo puede aspirar honestamente al dominio del Estado quien está alimentariamente sometido a la voluntad de otro?

La situación indigna que se ha revelado por estos días -estar sometido a la voluntad donativa de Délano y Lavín de muchas figuras de la UDI- no tiene nada que ver con la cuestión legal de si se ha cometido delito o no. El caso Penta es un caso jurídico, por supuesto; pero es ante todo un caso político y cultural, una trama que muestra, como en un ejemplo, las formas opacas en que circula el poder del dinero, la manera en que se disfraza de emprendimiento a veces y de filantropía en otras, las máscaras sociales y políticas que se emplean para ocultar su tránsito y sus compromisos, las servidumbres personales que establece en quienes, sin embargo, presumen ser representantes del pueblo.

Jaime Guzmán solía decir que el principio de subsidiariedad se fundaba en la autonomía de los cuerpos intermedios, como las empresas, las universidades o los partidos: "cada uno de los cuales, enseñaba, debe perseguir sus propios fines específicos sin que un grupo sea dominado por otro". El caso Penta parece diseñado por un enemigo de la memoria de Guzmán, alguien interesado en desmentirla y en defraudarla.