Señor Director:

Con sendas citas del Papa, el obispo Juan Ignacio González arguye contra el aborto, la eutanasia, las tecnologías de diseño humano, así como contra leyes y políticas públicas que apuntan a facilitarlas condicionadamente. Evidentemente, es un llamado restringido a los miembros de su iglesia, ya que su invitación es a pensar que se trataría de un "Pecado contra Dios Creador".

Interesante es que en su llamado a alzar la voz contra estos pecados, el obispo afirma que a sus feligreses "se les silencia con la separación entre la Iglesia y el Estado, que nada tiene que ver aquí". Pero esto es o un malentendido o un despropósito.

Primero: La separación entre la Iglesia y el Estado no implica restringir la libertad de expresión y, por lo mismo, los que consideren que las razones religiosas son válidas en la justificación pública de leyes, normativas y políticas públicas pueden esgrimirlas sin temor alguno a que se les silencie.

Segundo: Lo que el debate público exige, como un asunto de civilidad, es la disposición a articular razones sin apelar a peticiones de principio accesibles exclusivamente a los creyentes de una religión, lo que vale especialmente para las autoridades públicas de una democracia. Esto es lo que, en diferentes versiones, constituye la razón pública. Siguiendo a John Rawls, se trata de un "deber de civilidad", es decir, su cumplimiento descansa en el grado de civilidad de las autoridades y no en la obligatoriedad de la ley.

Tercero: Esto no implica que todos aquellos que basan sus puntos de vista en verdades reveladas no tengan posibilidad de participar en estos debates. Lo que implica es que lo deben hacer apelando a principios y valores ampliamente aceptados en regímenes democráticos. Por cierto, doctrinas razonables, ya sean religiosas, morales o filosóficas, pueden encontrar en ellas mismas los elementos que les permitan participar en estos importantes debates apelando a los principios y valores de una democracia constitucional, honrando así el deber de civilidad.

Daniel Loewe
Profesor titular
Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez