La presentación de la agenda laboral del Gobierno -que incluye el proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales- generó inmediata reacción en dirigentes empresariales y partidos políticos de oposición. Disciplinadamente todos repitieron la misma consigna: "Esta no es una reforma laboral, es una reforma sindical". Como Ministerio rechazamos el tono peyorativo que se usa para referirse a los sindicatos. Existe nutrida evidencia nacional e internacional acerca de las ventajas de contar con una contraparte estable de diálogo en la empresa.

¿Comparte este prejuicio antisindical la oposición? No todos. Hace seis años, convocados por la Presidenta Bachelet a la comisión Meller, los participantes provenientes del mundo de la centroderecha coincidieron en la necesidad de modernizar las relaciones laborales, y que para ello se debía equilibrar el poder negociador de los sindicatos. No hubo acuerdo en puntos específicos (por ejemplo, el fin del reemplazo en huelga), pero el principio general fue casi unánime.

El actual marco legal que rige la negociación colectiva es insuficiente y asimétrico. Al no encontrar un cauce adecuado ni equilibrado para expresar demandas, surgen las manifestaciones y paralizaciones de hecho. Como no existe posibilidad de diálogo entre trabajadores y empleadores acerca de las realidades concretas de las empresas, lo que termina ocurriendo es que esa demanda se traslada al poder político, y se cae en la sobrerregulación legal. Muchas de las materias sobre las que ha discutido recientemente el Parlamento, en otros países son objeto de negociación colectiva y no materia de ley.

Si se desea ampliar las materias que son objeto de negociación colectiva, debe hacerse cautelando que el sistema no se preste para abuso e imposición unilateral del empleador, priorizando la negociación con sindicatos fortalecidos y no debilitados. Eso, en el derecho comparado se llama "titularidad sindical".

El gobierno del Presidente Piñera entendió la necesidad de la titularidad. En dos proyectos de ley de su época (uno en materia laboral agrícola y otro en materia de turismo) propuso al Congreso que solo las organizaciones sindicales existentes en la empresa podían suscribir los pactos de jornada que allí se señalaban, eliminando los grupos negociadores en caso de existir sindicatos. En aquel momento se desestimó el argumento de supuesta inconstitucionalidad que la oposición pretende enarbolar ahora.

Así lo entendió también Evelyn Matthei como candidata. En su programa señalaba: "Fortalecer la negociación colectiva será un eje importante de nuestro programa de Gobierno. Creemos en la necesidad de fomentar el diálogo entre los trabajadores y empresarios para llegar a acuerdos favorables para ambas partes. Nuestro objetivo es fortalecer los sindicatos y así poder ampliar las materias que se pueden negociar colectivamente".

Distintos parlamentarios de oposición se han abierto a discutir estos temas. Varios de ellos han copatrocinado en el pasado importantes mociones parlamentarias en favor de los trabajadores. En estos días, varios diputados y senadores, así como el think tank Horizontal, han manifestado su disposición a analizar constructivamente el proyecto de ley; algunos de ellos incluso se han abierto a terminar con el reemplazo en huelga.

Es de esperar que prime una visión desideologizada, de manera que el país avance en una legislación moderna que promueva la productividad de las empresas y proteja los derechos de los trabajadores.

Francisco Díaz
Subsecretario del Trabajo