Las dos más importantes empresas estatales, Codelco y Enap, han anunciado gigantescos planes de inversión: sobre 23 mil millones de dólares la primera, en los grandes proyectos estructurales de sus minas actuales, y más de cuatro mil millones de dólares la segunda, en lo que queda de la década, en varios proyectos, no todos especificados públicamente. Dada su cuantía, parece pertinente revisar los criterios, antecedentes y riesgos involucrados en ese esfuerzo, puesto que no solo son recursos que tienen, eventualmente, usos alternativos, sino que, además, pertenecen a todos los ciudadanos, los que deben conocer y poder evaluar críticamente las circunstancias que llevaron a tomar esas decisiones de inversión.

En el caso de Codelco, la antigüedad de sus minas y la baja de sus leyes, además de otros problemas específicos, como la imposibilidad de continuar operando a rajo abierto en Chuqui por los costos que ello implica, llevó a la minera estatal a elaborar un conjunto de proyectos que no solo evitarían la ineludible baja productiva a la que los antecedentes indicados conducían, sino que permitirían subir la producción de 1,8 a 2,5 millones de toneladas de aquí al año 2025, y mantener el liderazgo mundial en la industria del metal rojo. Sin embargo, no basta que dichos proyectos se funden en una adecuada visión estratégica de negocios, sino que también deben pasar exigentes exámenes de rentabilidad, factibilidad técnica, sustentabilidad ambiental, y excelencia de gestión para que ameriten el riesgo que corre el fisco chileno al participar en ellos. Por ejemplo, ya se sabe que el nuevo nivel mina de El Teniente ha tenido un aumento en la inversión requerida, respecto de los planes iniciales, de dos mil millones de dólares, y la transformación de Chuqui en mina subterránea, cuya inversión será de cuatro mil millones de dólares, solo conseguirá, una vez realizada, que la producción de cobre sea algo inferior a la actual, y sin una adecuada renegociación laboral difícilmente será rentable.

El problema que enfrenta el Estado para tomar esas decisiones es que la estimación rentabilidad-riesgo está construida al interior de la compañía, y como la "junta de accionistas" de la empresa está formada básicamente por ministros o funcionarios del gobierno de turno, cuya responsabilidad normalmente no excede la de ese período, ninguno de los cuales arriesga recursos propios en esa toma de decisiones, es difícil construir contrapesos a los antecedentes que la administración presenta. Esa debilidad podría ser mitigada si la compañía tuviese accionistas privados minoritarios, pues estos aportarían la mirada crítica a esos antecedentes de toda una industria independiente de analistas de mercado, cuya misión es precisamente esa.

En el caso de Enap, las inversiones en carpeta, aparte de unos 500 millones de dólares considerados para exploración de yacimientos de gas de esquisto, tienen la intención genérica de participar más activamente en el desarrollo energético nacional, impulsando proyectos que el sector privado por sí solo no se ha animado a desarrollar -el caso del terminal de GNL de Quintero se menciona como ejemplo de lo anterior-, lo que puede elevar los riesgos que enfrenta la empresa. En efecto, la relación deuda-patrimonio de la compañía en 2014 es de 7 veces, de por sí muy alta -era 42 veces en 2012-; su generación de caja es demasiado pobre para aliviar esa deuda y su utilidad es muy baja, de modo que, al final, es el Estado de Chile, más que la empresa, el que toma los riesgos de los proyectos que Enap emprende.

La caída de las inversiones privadas durante este año, que aceleró una tendencia iniciada el segundo semestre de 2013, puede transformarse en un riesgoso mal consejero, que impulse -en algunos casos, erróneamente- al Estado a suplirlas.