La Comisión "Antitacos" o Pro Movilidad Urbana ha entregado su informe, luego de meses de trabajo de los expertos que la componen. La comisión también recibió numerosas sugerencias provenientes de los denominados diálogos ciudadanos. El informe refleja esta diversidad y contiene desde medidas muy sensatas hasta otras que sorprenden y que no parecen suficientemente bien razonadas. Como muchas comisiones con intentos de participación ciudadana, en las instancias de diálogos la ciudadanía es cooptada por grupos de interés de todo tipo, lo que explica el carácter exótico de algunas propuestas. Por ejemplo, el informe agrega un derecho social más a su extensa lista: el derecho al transporte público. Además, incluye un derecho ciudadano a niveles adecuados de movilidad, y figuras penales para el daño a la movilidad. ¿Significa esto que podrían enfrentar riesgos penales los alcaldes que autorizan manifestaciones en las principales calles de Santiago o los dirigentes que las realizan sin obtener tal permiso?

Pese a estos aspectos que pueden llevar a caricaturizarlo, el informe realiza un diagnóstico razonable al establecer que los factores críticos para la movilidad urbana son la necesidad de mejorar el transporte público, las debilidades institucionales para responder a este problema y el crecimiento inorgánico de las ciudades. Propone ideas inteligentes: promover los desplazamientos compartidos en los vehículos e integrar los cobros de los estacionamientos públicos con las del transporte público. También demuestra una razonable actitud antipopulista el que se haya descartado la restricción vehicular como mecanismo para reducir la congestión.

Otras propuestas tendrían dificultades en su implementación, pese a ser atractivas en principio. Por ejemplo, se plantea crear un permiso de circulación diferenciado por cuánto se usa un automóvil anualmente. El uso se verificaría instalando equipos GPS en los automóviles, lo que viola principios básicos de privacidad (parece raro el actual énfasis en la privacidad de los datos personales y el poco interés por la privacidad de los desplazamientos de esas mismas personas). Otras propuestas se pueden burlar, como la de castigar con un mayor impuesto la compra de un segundo auto en una familia: el segundo auto se podría inscribir bajo distinto nombre o domicilio.

Lo que se conoce hasta aquí del informe omite una de las soluciones para reducir la congestión: la tarificación vial. Esta ataca directamente la congestión elevando el costo de desplazarse en automóvil y genera recursos que podrían ayudar a financiar el transporte público. Se trata por cierto de una propuesta impopular y que admite mucha discusión, pero su exclusión puede indicar un veto ideológico a una posibilidad que merece analizarse. Queda por ver qué hará la autoridad con estas recomendaciones, pues como señalara un crítico, las buenas medidas ya han sido propuestas por comisiones anteriores y las otras no son viables.