Señor Director:

Las anunciadas alzas de los aranceles de matrícula universitaria para el próximo año están generando protestas en los estudiantes. Y no podía ser de otro modo. Se sembró la idea de universidad gratis y ahora se cosecha el disgusto de quienes se sienten defraudados.

Por una parte, las universidades enfrentan mayores costos y necesitan recursos frescos para sus actividades académicas. Legítimo. Por la otra, aun manteniendo constantes los aranceles reales, el alza de la inflación eleva los valores nominales de pago y azota los bolsillos de las familias de estudiantes de sectores medios sin acceso al financiamiento. Incluso los quintiles de ingresos bajos, que reciben becas y créditos, deben en muchos casos financiar una brecha creciente entre el arancel efectivo y el de referencia que fija el monto de las ayudas estatales. También son válidas sus inquietudes.

Muchos rectores de universidades miran al Gobierno exigiendo una explicación. ¿Y dónde quedó la promesa de gratuidad? La verdad es que el intenso debate en la reforma a la educación escolar deja como lección el que, más allá de su resultado, exigirá un compromiso de inyectar gasto público por montos significativos y consumirá el grueso de la reforma tributaria. En consecuencia, la gratuidad en la educación superior, que no solo es injusta, será por mucho tiempo en Chile una ilusión. Se sabe que reemplazaría gasto privado de quienes pueden pagar o pueden endeudarse por provenir de familias de altos ingresos, por gasto público del orden de los US$ 2.000 millones. Y de paso no hay que olvidar que el gasto público institucional en la educación superior y en investigación es bajo y debería crecer. Definitivamente, no hay espacios para la gratuidad.

Más que levantar los hombros y mirar al Gobierno, rectores de universidades públicas como privadas que acogieron con entusiasmo la gratuidad deberían contribuir a generar un clima de sensatez y no alimentar expectativas que deterioran la confianza en un sistema de financiamiento mixto público-privado, que es la práctica generalizada en la OCDE, que debe seguir siendo el mecanismo base y que requiere con urgencia los ajustes necesarios para focalizar mejor las ayudas estudiantiles a los sectores con mayores necesidades socioeconómicas.

Carlos Williamson B.