Esta semana ocurrieron dos hechos que, a pesar de su origen privado, poseen relevancia pública.

Por una parte, el hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, en una entrevista de La Segunda , se quejó amargamente de las opiniones, críticas y rumores que circulan acerca del papel que él cumple en La Moneda; por la otra, Josefa Errázuriz, alcaldesa de Providencia, declaró a Canal 13, molesta, que "se le estaba buscando el cuesco a la breva" al inquirirle acerca del matrimonio de un sobrino suyo celebrado en el palacio de la alcaldía.

¿Qué tienen en común esos hechos aparentemente distintos?

En ambos se revela uno de los rasgos más acusados de la sociedad chilena que, a pesar de la modernización, aún porfía por subsistir: la existencia de criterios relativos a la propia familia a la hora de asignar oportunidades o distribuir recursos; la selección, en suma, en base a criterios parciales, en vez de imparciales, cuando se trata de decidir quiénes podrán desempeñar cargos o acceder a bienes públicos.

Ese es el problema que revela el incidente de la alcaldesa y la situación que origina las incomodidades de Sebastián Dávalos.

Pero ninguno de ellos tiene razón para quejarse.

Desde luego, todos los cargos públicos, el de La Moneda y el de la municipalidad, el que ejerce Sebastián Dávalos y el que desempeña Josefa Errázuriz, deben estar expuestos al escrutinio de los ciudadanos, a las preguntas incómodas y a las insinuaciones ácidas de la prensa. Es la servidumbre a que está expuesto quien tiene en sus manos siquiera una porción del aparato estatal: ocurre que el Estado monopoliza las formas más extremas de coacción, se financia con una porción de las rentas de todos los ciudadanos, y, de acuerdo al ideal democrático, quienes ocupan algunos de sus puestos son mandatarios, aunque no lo parezcan, de los hombres y las mujeres de a pie. Siendo así, no debiera extrañarles ni a Sebastián Dávalos ni a Josefa Errázuriz que los ciudadanos que financian al Estado y sus órganos, y cuyas vidas están expuestas a las reglas de autoridad que ellos pronuncian, posean, como suave contrapartida y como un sucedáneo de una venganza simbólica, la posibilidad de hacer cada cierto tiempo, mediante la prensa, el escrutinio cotidiano de su comportamiento.

Si los cargos públicos se viven como grandeza, o al menos están rodeados de un aura que la simula, entonces soportar el escrutinio de la prensa es la servidumbre a que esa grandeza obliga.

Pero además ocurre que ni Sebastián Dávalos ni Josefa Errázuriz, en los casos que se les reprochan, tienen buenas razones para sentirse ofendidos.

Tradicionalmente las fundaciones dependientes de la Presidencia (y financiadas con parte del erario público) son manejadas por el cónyuge de quien la ejerce. Pero, ¿de dónde se sigue que lo que vale para el cónyuge vale también, sin matices y sin queja alguna, para el hijo? Lo que ocurre es que esa regla consuetudinaria se ha transformado, sin deliberación ni reflexión alguna, y para colmo en medio de un gobierno ciudadano, en una regla que asigna la propiedad de esa función a los miembros de la familia de quien ejerce la primera magistratura. Por supuesto, la conducta de Sebastián Dávalos no da motivo, hasta ahora, para quejarse, pero eso no impide llamar la atención sobre el extraño desplazamiento que ha experimentado la regla que él esgrime para justificar su tarea.

El caso de Josefina Errázuriz es, en cambio, indudablemente impresentable. Ella facilitó las dependencias de la municipalidad que dirige para que un sobrino suyo (Diego Brugnoli Errázuriz) celebrara su matrimonio. Como es obvio, no hay ninguna razón, salvo el parentesco, para que el matrimonio de su sobrino se celebrara en medio de esa ilusión renacentista. Hay en Providencia, es de suponer, cientos de novios que anhelarían casarse en medio de ese escenario, pero padecen de un irremediable defecto: no son sobrinos de Josefa Errázuriz. En tiempos en que cualquier tipo de selección en base a características adscritas repugna -es cosa de prestar oídos al debate educacional-, la conducta de la alcaldesa carece de toda justificación.

La conducta de Josefa Errázuriz y la situación objetiva de Sebastián Dávalos configuran una inconsistencia insalvable: irritan a la misma cultura ciudadana que ellos esgrimieron para legitimarse.