Bolivia ha intensificado su ofensiva diplomática y comunicacional en apoyo de su demanda en contra de Chile. La estrategia boliviana que pretende sobreponer la dimensión política a la jurídica fue anunciada desde un comienzo. Surgió junto con los nombramientos de los ex presidentes Eduardo Rodríguez, como agente y embajador en La Haya, y Carlos Mesa, como embajador itinerante.

A falta de argumentos jurídicos, la campaña boliviana busca la politización y el respaldo de gobiernos, alianzas, organismos y foros internacionales. Su objetivo es influir en los jueces de la Corte Internacional de Justicia para alterar la frontera nacional desconociendo un tratado válidamente celebrado.

Así se entiende la reclamación de Bolivia en Aladi por supuesto incumplimiento de Chile de la obligación de concederle libre tránsito; la declaración de apoyo a su reclamación obtenida en la Cumbre del Alba; las intervenciones, con propósitos similares, del Presidente Morales en Naciones Unidas y de su vicepresidente, parlamentarios, diplomáticos, políticos y académicos bolivianos en numerosos foros mundiales y ante gobiernos, universidades, centros de estudios y parlamentos extranjeros. También se inscribe en este propósito la intención de recomponer las relaciones con Estados Unidos mediante el restablecimiento de embajadores y la pretensión de una reunión entre los presidentes Morales y Obama.

Con material especialmente preparado para estos efectos, Bolivia insiste en que la Corte puede obligar a Chile a concederle territorios soberanos, alterando límites y tratados. Semejante competencia es improcedente, la eventual sentencia aceptando jurisdicción es inaceptable, y el precedente, funesto para la estabilidad mundial de las fronteras. En paralelo, el gobierno y los representantes del Presidente Morales recorren el mundo desconociendo que su país tiene un derecho privilegiado de libre tránsito para salir al Pacífico a través del territorio nacional y atribuyen las desventuras de su pueblo a la falta de litoral soberano, y no a los fracasos de sus gobernantes e instituciones.

La diplomacia pública de Chile parece ir a la zaga de la boliviana, que aprendió de la reciente experiencia del juicio sobre delimitación marítima con el Perú. Entonces se aludió, equivocadamente y con exageración, a los riesgos de realizar acciones fuera de los estrados de la Corte de La Haya. Tales gestiones pueden ser contraproducentes solo cuando se improvisan, se hacen empleando términos destemplados o mediante falsedades, como lo suele realizar el Presidente Morales y sus personeros; en ocasiones en que se transgrede la confidencialidad que merecen ciertas actuaciones y cuando hay descoordinación con la defensa jurídica y con la Cancillería.

La comunicación y diplomacia pública en apoyo ante el respectivo proceso judicial es necesaria, parte de la modernidad y es una tarea complementaria a la de los agentes y de sus equipos jurídicos. Así por lo demás lo han comprendido los ex presidentes de la República chilenos que se han enviado mensajes audiovisuales y se han desplegado fuera del país en perfecta coordinación con la Cancillería.

La Cancillería debe tomar debida nota de las actuaciones y estrategias bolivianas y protestar enérgicamente ante las declaraciones inamistosas como las del canciller del Perú y ante apoyos improcedentes a la demanda boliviana como es el caso de Uruguay, de los países del Alba y de cualquier otro gobierno que se entrometa en el contencioso con Bolivia, que es un asunto bilateral, sometido a la justicia internacional.