Hay quienes creen que los malos resultados en las encuestas harán que Michelle Bachelet rectifique el rumbo de su gobierno, moderando las reformas con que quiere transformar el país.

Yo lo dudo.

Pese a que las encuestas CEP y Adimark marcan el peor apoyo a un gobierno en su primer año desde 1990 y a que muestran a la Presidenta con menor grado de adhesión que el que tuvo después del Transantiago, mi impresión es que ella no modificará su programa. Está dispuesta a que el país e incluso su popularidad sufran daños con tal de transformar la sociedad chilena.

La semana pasada, en Enade, Bachelet notificó a los empresarios que, aunque a ellos no les guste, continuará su intento de cambiar la sociedad chilena hacia una en que el Estado tenga un rol mucho más protagónico en la vida de todos los chilenos. Se trata de un traspaso de poder desde las familias, las empresas y otras organizaciones de la sociedad civil hacia los políticos que administran el gobierno.

Notificación, sinceramiento, pérdida de poder de los empresarios, varias fueron las maneras en que analistas y columnistas interpretaron la presentación de la Presidenta en Enade y la virtual ausencia de su ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Porque si bien es cierto Arenas estuvo físicamente presente en Enade, e, incluso, pronunció un discurso, no se refirió a la situación macroeconómica del país, rol tradicional de los conductores de la política económica en ese foro. No lo hizo, en circunstancias de que vivimos el peor resultado de la economía chilena en un primer año de gobierno desde 1990. Con ello, confirma que no cumple un rol moderador en el Gobierno y pareciera estar allí porque es funcional al radical programa de reformas de Bachelet, con prescindencia de los efectos que estas puedan tener en la alicaída economía chilena.

De acuerdo con esta visión, no habrá pues marcha atrás en la reforma educacional, donde -al contrario- se fuerza la marcha para aprobar el proyecto en actual tramitación y consolidar así la pérdida de opciones de los padres de los niños chilenos que ya no podrán elegir a su gusto el colegio donde se educan sus hijos. No habrá marcha atrás tampoco, aparentemente, en la "agenda laboral", que sigue postulando el fin del reemplazo durante la huelga y el monopolio sindical. La única "concesión" sería que ahora, en lugar de llamarse reforma laboral, se llama agenda laboral; un cambio simbólico, en cuanto nos notifica acerca del límite que tiene el Gobierno para modificar su plan de transformar la sociedad chilena.

Y, lo que sería más impactante, no habría marcha atrás tampoco en la reforma constitucional. Luego que desde el interior de la Nueva Mayoría, en una muestra de alguna sensatez, se planteara postergarla para el año 2016, un supuesto "cónclave" determinó que el cambio constitucional se realizaría durante el año 2015.

Contra esta tesis, y en base a toda la especulación que surgió luego de conocidos los resultados de las últimas encuestas, se afirma que la Presidenta está considerando un cambio de gabinete, y ello sería indicativo de su voluntad de variar el rumbo de su gobierno.

Un cambio de gabinete que no comprenda novedades en las carteras de Interior, Hacienda o Educación sería, a mi juicio, una comprobación de la tesis de "ni un paso atrás". Porque, en definitiva, las grandes carencias del Gobierno y las razones por las que exhibe tan baja popularidad son las reformas que se han liderado desde los ministerios de Hacienda y Educación. El ministro del Interior, por su parte, ha aparecido como el gran aliado de la Presidenta en su afán de transformar la sociedad chilena, de una manera y con ritmos completamente distintos de los que Chile ha conocido en los últimos años.

El resultado de las encuestas muestra a una sociedad chilena que no quiere las reformas de Bachelet. Un cambio de gabinete con ajustes en otras carteras sectoriales aparecería, entonces, como fuera de proporción. Es como si después de un asalto que arrancó de cuajo la puerta de una casa usando explosivos, sus propietarios decidieran cambiar la chapa.