El proyecto de reforma educacional, parcial y parchado, viene generando un fenómeno muy dañino para la democracia: la vorágine, el frenesí.

Que los tiempos de tramitación en el Congreso, imperados por el Gobierno, expresen esos defectos ya es grave. Pero mucho más lo es la exageración conceptual que ha provocado. Esa vorágine de razones, ese frenesí en los apoyos argumentales, se ha expresado ahora último en la opinión de dos profesores de mi universidad -la PUC-, quienes ocupan importantes cargos en sus respectivas unidades académicas. Han sostenido mis colegas que no es conveniente que la escuela sea la extensión del hogar, que esa es una "visión conservadora (que) no ve al sistema escolar como lugar de emancipación del juicio autónomo y despliegue de la libertad, sino como prolongación del espacio familiar, reafirmación de la heteronomía y tradición filial". En simple, en la familia no se forma la libertad, no se forma el juicio, la tradición es dañina.

Rechazan estos profesores que "la escuela debiese ser proyección de la familia tanto como sea posible" y que "el niño requiera cierta coherencia entre la casa y el colegio", y promueven que "el florecimiento y autonomía de cada nuevo ciudadano no tenga como límite los valores privados de la familia. En este esquema, la escuela suplementa, no extiende -concluyen- la educación familiar. Resguardando arreglos colectivos que permitan el bien y estabilidad de la comunidad donde los individuos avancen libremente sus diversos modos de vida".

En simple, el Estado debe entregar ciertos contenidos educacionales con prescindencia de lo que quiera la familia, incluso en contra de lo que deseen los padres, porque su niño es más ciudadano que hijo. El Estado es el primer educador; los padres no saben educar ni tienen el derecho de hacerlo. La comunidad, el Estado, exige un orden diverso.

Pero, y si así debe ser en la escuela, ¿por qué no en la diversión y en el pololeo?

Que ambos profesores sostengan esas opiniones a título personal es motivo de controversia, pero que lo hagan invocando sus cargos en la PUC es motivo de perplejidad.

La doctrina del Vaticano II es muy distinta: en la declaración Gravissimum educationis , se afirma que "El deber de la educación, que compete en primer lugar a la familia, requiere la colaboración de toda la sociedad. (...) Obligación suya es proveer de varias formas a la educación de la juventud: tutelar los derechos y obligaciones de los padres y de todos los demás que intervienen en la educación y colaborar con ellos"; y agrega que la Iglesia "aplaude cordialmente a las autoridades y sociedades civiles que, teniendo en cuenta el pluralismo de la sociedad moderna y favoreciendo la debida libertad religiosa, ayudan a las familias para que pueda darse a sus hijos en todas las escuelas una educación conforme a los principios morales y religiosos de las familias".

Así lo ratifica el Catecismo de la Iglesia Católica, Nº 2229: "Los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental. En cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden en su tarea de educadores cristianos. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y de asegurar las condiciones reales de su ejercicio".

¿Son vinculantes estos textos para quienes ocupamos cargos de dirección en la PUC? ¿O nos podemos desdoblar y hablar desde la PUC contra las doctrinas que la universidad sostiene?

Yo tengo claras mis respuestas. Pero son las contestaciones de otras voces las que importan.