El proyecto de financiamiento de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores favoreció de manera evidente a aquellas que son puramente propiedad del Estado, en desmedro de las nueve que, siendo privadas, han tenido a lo largo de su historia una orientación pública y han sido parte de lo mejor de la educación superior en Chile: la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María, entre otras.

La distinción entre lo público y lo privado no convierte a esas esferas en compartimentos estancos, hostiles entre sí. El Estado es la garantía ideal y material de la conservación del país; sin embargo, de nada sirve si la sociedad no solamente es una contraparte, sino que muestra el dinamismo económico y cultural que hace que cada país pueda realmente vivir. Si el Estado se transforma en un grupo de interés más, a través de sus equipos administrativos -la burocracia, dicho sin ánimo peyorativo-, que entiende que la sociedad debe trabajar indefinidamente para el acrecentamiento de sus propios ingresos, se transforma en un ente parasitario.

Por cierto, el Estado es también una idea que no se puede expresar en una sola doctrina, aunque tampoco pueda refundarse a capricho de sucesivas administraciones o veleidades políticas. Lo propio de las funciones del Estado sobresale con nitidez cuando estas se funden con aquellas espontáneas de la sociedad. De allí la provisión mixta en educación y la importancia de aquellas universidades orientadas principalmente a los bienes públicos.

Esta idea está ya expresada en 1888 en las palabras inaugurales del primer rector de la Universidad Católica, monseñor Joaquín Larraín Gandarillas: "Una universidad libre es, por fin, una corporación que no vive del aliento ni de la inspiración oficial. Estamos íntimamente convencidos de que hará un gran bien a la enseñanza en Chile, y aun a la enseñanza oficial (...) La universidad que fundamos será un factor más para promover la cultura intelectual en nuestros compatriotas". Una organización surgida de la sociedad ofrece un modelo que ha dado mucho a Chile, al país como totalidad, incluyendo a esa zona de encuentro que llamamos "lo público".

En su dimensión regional, cada una de las otras universidades ha hecho lo suyo y han llegado a ser parte constitutiva del paisaje cultural y profesional del país. Sus estudiantes son chilenos y tienen derecho a demandar los fondos públicos respectivos. Lo mismo vale para la investigación y algunos aspectos de la docencia. Esto vale más limitadamente, pero dentro de la misma lógica, para las universidades creadas en las últimas décadas, en la medida en que muestren un enfoque público y se orienten a esa complejidad específicamente universitaria: importancia de la docencia de alto nivel, investigación, aporte a la ilustración pública.

En cuanto a las universidades de propiedad del Estado, cada una es un caso aparte, aunque todas en último término deben ser evaluadas en la calidad académica y en su función de puente entre lo público y lo personal (mejor expresión que privado). La Universidad de Chile ha probado su valía y sus derechos se fundamentan en ese logro; habrá casos en los cuales habrá que apreciar el papel de universidades estatales en las regiones. Eso está bien. Lo que no lo está es que solo por ser sus miembros catalogados como "empleados públicos" deberían tener un trato preferencial por sobre otras universidades, las que a lo largo del todo el siglo XX hasta ahora han sido parte vital de la cultura y del profesionalismo del país.