El Gobierno anunció la modificación del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) "como una forma de traspasar la caída de los precios internacionales del petróleo a los valores locales de las bencinas". El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, detalló que "como una medida excepcional" se permitirá que el precio de la bencina de 93 octanos baje $56, mientras que la de 97 octanos, $67.

El actual sistema de estabilización -pensado para morigerar los bruscos cambios de precios, especialmente cuando son al alza- comenzó a operar el 6 de junio en Chile y estableció que las bajas o alzas no serían mayores a 5 pesos semanales, en un mecanismo que en cierta forma era transparente y permitía que si el precio internacional bajaba, se acumularan recursos en el fondo para compensar las futuras alzas.

El problema se suscitó porque cuando comenzó a operar el sistema, el petróleo de referencia para Chile se cotizaba en 107 dólares el barril, y actualmente ronda los 75 dólares. Lamentablemente, en un comportamiento que era previsible, ante esa baja de precios el sistema de estabilización dejó de operar.

Los gobiernos suelen ser susceptibles a la presión de los ciudadanos y parlamentarios con los fondos de estabilización, tal como ha ocurrido esta vez. Así, mecanismos como el Mepco -que en su diseño son fiscalmente neutros, y que en caso de que operaran adecuadamente podrían ser incluso deseables- terminan invariablemente cediendo a la tentación de la autoridad de ganar popularidad.

De esta forma, los mecanismos de estabilización de precios derivan muchas veces en simples subsidios, con la agravante de que se trata de uno de los subsidios más regresivos que existen. Es evidente que las personas de bajos ingresos usan menos el automóvil que la clase media, y mucho menos que las personas de altos ingresos, beneficiadas no solo porque lo utilizan más, sino porque a menudo tienen vehículos de mayor tamaño y mayor consumo de combustible.

El problema, sin embargo, no se limita al subsidio. Sería muy inconveniente dar la señal a la población de que es posible modificar -por un acto de autoridad y de manera sostenida- los precios de mercado. Con esa convicción, las personas no ajustarían su comportamiento a las señales que surgen desde los precios. Una cosa es atenuar el impacto de un alza de precios para facilitar la adecuación de conductas y otra es pretender eludir la realidad. Hay que recordar que en la década de los 60 el Estado llegó a fijar una gran cantidad de precios generando profundas distorsiones, debilitando la operación del mercado y abriendo enormes espacios a los grupos de interés.

Finalmente, las expresiones del ministro Arenas al anunciar la baja de precio de los combustibles, respecto de que "se monitorearán" los valores de las gasolineras para comprobar que los menores precios sean traspasados a los consumidores, son entendibles en cuanto se refieran a dar información y orientación a los consumidores. El sistema de libertad de precios es uno de los grandes activos del país. La experiencia de otros países del continente muestra que las amenazas veladas a las empresas y las vigilancias de precios -más allá de la fiscalización de prácticas anticompetitivas a cargo de la institución a la que le corresponde hacerlo- producen efectos muy nocivos para la economía de los países, tal como hemos visto en Argentina o Venezuela.