Existe amplio consenso sobre la necesidad de revisar la regulación del financiamiento de la política tanto en tiempos de campañas como fuera de ellas. El marco institucional actual es insuficiente y admite perfeccionamientos. Quizás las dos dimensiones más urgentes de abordar son la débil capacidad de fiscalización efectiva que tiene el Servel y el financiamiento permanente de los partidos políticos. Sin embargo, han trascendido algunas de las ideas matrices que estaría considerando el Gobierno al respecto y ellas suscitan variadas inquietudes.

En este debate, que se aceleró a propósito de las presuntas donaciones irregulares que se habrían realizado por un grupo económico a las campañas de algunos candidatos al Congreso, no se ha puesto suficiente atención a la necesidad de asegurar altos grados de competencia en la política. Para todo candidato nuevo es extraordinariamente difícil desafiar a los titulares en el cargo, pues estos cuentan con un mayor conocimiento en los distritos y circunscripciones electorales, pero también acceden por todo su período a recursos públicos que les permiten financiar arriendo de sedes y de personal que los apoya política y técnicamente. Esa desventaja solo puede ser atenuada con una fuerte presencia de los desafiantes en terreno, y ello requiere muchas veces una importante inversión monetaria. El proyecto restringiría esta posibilidad de muchas maneras. Por una parte, acota severamente el uso de los espacios públicos para hacer campaña y, asimismo, limitaría indirectamente la publicidad en radio y medios escritos. Por otra, impediría el aporte de personas jurídicas y únicamente permitiría el de personas naturales. A estas, además, solo las autorizaría de manera pública, exponiéndolas a recriminaciones laborales o sociales que no se compadecen con la importancia que se le otorga al secreto del voto. En general, son las asociaciones de individuos, organizadas en una diversidad de personas jurídicas, las que habitualmente aseguran con mayor posibilidad el surgimiento de candidatos nuevos y, por tanto, le dan un impulso a la competencia política. Por eso no es casualidad que más del 70 por ciento de los países democráticos permita la contribución de personas jurídicas a la actividad política.

El Gobierno, ciertamente, deberá pesar con cuidado los contenidos definitivos del proyecto. Nadie puede querer "fosilizar" la política. Regulaciones de esta naturaleza favorecen a candidatos con patrimonio propio y a personajes que por las más variadas razones alcanzan alguna notoriedad pública, los que frente a las dificultades de otros desafiantes para recaudar fondos y darse a conocer, pueden tener menos competencia.

Capítulo aparte lo constituyen las ideas que no solo limitan la competencia política, sino que afectan directamente a la libertad de expresión. Las elevadas restricciones a la difusión de ideas y también al aporte a candidatos actúan, en la práctica, como inhibidoras del ejercicio de esa garantía constitucional.

En otro plano, la idea de obligar a las radios a difundir una franja gratuita y a los diarios a distribuir gratuitamente un inserto con publicidad de los candidatos lesiona directamente su libertad editorial y el derecho de propiedad. En relación con el argumento de que las radios utilizan un bien común, como es el espectro radioeléctrico, y que esa misma consideración se utilizó en el caso de la franja televisiva, debe notarse que esa carga fue impuesta a la televisión antes que las señales se vendiesen a los actuales operadores privados y, por tanto, la imposición fue internalizada en las ofertas de compra. Y aún más dudosa es la constitucionalidad de la idea de obligar a los medios escritos a distribuir, a su costo, un inserto publicitario de los candidatos a una elección popular.

El proyecto en estudio consideraría, adicionalmente, un fuerte aumento en el gasto público que, en algunos casos, puede tener sentido, por ejemplo para apoyar el funcionamiento permanente de los partidos políticos, siempre que, a cambio de estos recursos, estas instituciones sean más transparentes y más abiertas a la comunidad. Pero en otros casos reemplaza financiamiento privado y tampoco parece usarse para incentivar las donaciones de las personas naturales a la política.

Dado el interés directo de quienes están llamados a aprobar estas regulaciones -los propios legisladores-, se debe subrayar la necesidad de que las propuestas del Ejecutivo y las deliberaciones del Congreso den cuenta de un debate muy amplio, reflexivo y transparente.