Señor Director:

Ya no sorprende que quienes legislan pretendan solucionar los problemas de su actividad endosando el problema a ciudadanos, al mundo privado y, en este caso, a los medios de comunicación.

El proyecto (cuyo texto no es definitivo) sobre el funcionamiento de la política, en lugar de regular su financiamiento de manera seria y madura, aprovecha, como ya es costumbre, de introducir nuevos gravámenes a los medios de comunicación.

Los canales de televisión abierta sufrimos con franjas gratuitas que no solo interrumpen nuestra programación, sino que han demostrado ser ineficientes para el fin buscado, pues durante su emisión las audiencias migran a la TV de pago (que no tiene esta carga) o simplemente apagan el televisor. Profundiza este sinsentido el contenido de la franja gratuita que, en los pocos casos que cumple con criterios mínimos de factura y producción, no pasan de parecer un comercial de un producto de consumo masivo cualquiera. Bien se podría estar vendiendo el spot de una bebida, un café o un cereal cualquiera. Mensaje con contenidos que aporten a la decisión de un elector indeciso no hemos visto hace muchos años.

Por eso, que hoy se pretenda imponer una franja similar a las radios no solo es inconstitucional por su carácter expropiatorio y por la intromisión en la libertad editorial y programática, sino que será igualmente ineficiente y continuará alejando a la ciudadanía de la clase política. También se pretende cargar a la prensa escrita con obligaciones que adolecen de los mismos vicios. En definitiva, todos son síntomas de la misma enfermedad.

El problema del financiamiento de la política es un problema de todos los chilenos, y las políticas públicas para solucionar y regular esta actividad no pueden basarse en imponer cargas y limitar la libertad de los medios de comunicación.

La TV abierta ya ha sido perjudicada y discriminada gravemente en este sentido por muchos años. La razón que originó su existencia ya no justifica que se mantenga. La solución no es extender el daño a radios, diarios u otros medios. Los medios ya tenemos obligaciones y dificultades propias de nuestra actividad. Cada medio, según su línea editorial, busca la forma de aportar al debate social y contribuir a fortalecer nuestra democracia, pero el camino no es legislar para que políticos y candidatos tengan la satisfacción de verse en pantalla, escucharse en la radio o leerse en los diarios de forma obligatoria.

Con toda sinceridad, quien revise las últimas franjas televisivas llegará a la misma conclusión: en nada aportaron a que la ciudadanía eligiera mejor o simplemente se levantara a votar.

De aprobarse esta nueva iniciativa, el aparente beneficio para la clase política no solucionará el problema de la relación entre el dinero y la política, pero el debilitamiento de los medios de comunicación importará un mayor perjuicio a nuestra democracia que el que se pretende solucionar.

Javier I. Urrutia
Director ejecutivo
Presidente del Directorio, La Red