El martes recién pasado se cumplieron diez años de vigencia de la Ley de Matrimonio Civil, cuya mayor novedad fue la introducción del divorcio. Algunos piensan que debiera celebrarse esta fecha como la efeméride de una conquista de una libertad pública y un bien social. Se afirma que lo sucedido en esta década prueba que eran infundadas las advertencias "apocalípticas" que hacían los que se resistieron a su aprobación. La familia no se ha venido abajo -se dice- y el matrimonio sigue celebrándose igual como cuando era indisoluble.

Por nuestra parte, pensamos que la ceguera sobre los nocivos efectos sociales del divorcio legal, más bien confirma que refuta los temores manifestados por los que querían que la ley civil siguiera reconociendo el matrimonio para toda la vida. Algunos datos empíricos demuestran que la opción que el legislador adoptó ha resultado ser una pésima política pública.

Hace diez años se decía que había que sincerar las nulidades matrimoniales fraudulentas, y transformarlas en un divorcio con protección para el cónyuge más vulnerable. Cuando se afirmaba, en contra, que legitimar el divorcio incrementaría las rupturas matrimoniales -las que la mayoría de las veces perjudican a las mujeres-, se argumentaba que ello no sería así y que lo único que sucedería es que se mantendría el mismo nivel de rupturas que reflejaban las cifras de nulidades matrimoniales.

¿Qué ha sucedido en estos años? Las nulidades matrimoniales antes del 2004 afectaban a unos 6.500 matrimonios. Los divorcios, que comenzaron a dictarse desde el 18 de noviembre de ese año, se han incrementado hasta alcanzar sumas cercanas a los 50.000 casos anuales. El 2009 se llegó a 53.555; en los años siguientes la cifra decreció un poco: el 2011 fue de 47.222, para luego remontar a 48.571 el 2012 y a 48.772 el 2013. Mientras tanto, los matrimonios contraídos (incluidos los de divorciados) se han mantenido en cerca de los 60.000 enlaces anuales. Si se toma el último año: 2013, podemos ver que hubo 63.413 bodas y 48.772 divorcios. Es decir, estamos ante una tasa casi de un 80% de divorcios por matrimonios contraídos.

Además, contrariamente a lo que los partidarios del divorcio pronosticaban, las convivencias no matrimoniales, lejos de disminuir, aumentaron. Según el censo del 2012, alrededor de 16% de las personas declaró convivir sin estar casados, lo que contrasta con el 8,9% que registró el censo anterior. Y lo que es más preocupante, la cifra de hijos que nacen fuera del matrimonio no ha parado de crecer en estos diez años de vigencia del divorcio: desde un 60% el 2006 se ha empinado a un gravísimo 70,7% el 2013.

Se alega que las leyes no influyen en la cultura, pero no es así. La ley de divorcio ha contribuido a menoscabar la percepción del matrimonio como compromiso fuerte. La Encuesta Bicentenario ha medido el grado de adhesión a la afirmación "El matrimonio es para toda la vida": el 2006 era del 77%; en cambio, el 2013 fue solo de 56%. ¿Cómo podría ser de otro modo si la solución divorcista es la preferida por los medios de comunicación y por la mayor parte de jueces y abogados? Un hecho reciente grafica esta banalización del divorcio, y por ende del matrimonio: en el último cybermonday podía usted encontrar como producto a consumir "divorcios express " a módicos precios. Ignoramos cuántos cibernautas habrán aprovechado la oferta.

La pérdida de sentido del matrimonio, iniciada con el divorcio, es la que explica que ahora se pretenda la deconstrucción total de la institución, cercenándole su orientación a los hijos y permitiendo que se institucionalicen como matrimonios -o como cuasimatrimonios, tipo "acuerdo de vida en pareja"- uniones constituidas por personas del mismo sexo.

Así las cosas, los diez años del divorcio legal no dan para celebrar. Sí para lamentar y, sobre todo, para reflexionar.