El Ministerio de Educación concluyó su investigación sobre la Universidad Arcis y envió su informe a esta casa de estudios. En este solicitaría el cierre de la carrera de Música, porque no estaría en condiciones de impartirla. Atendidos los reclamos de la comunidad universitaria y las manifestaciones que han protagonizado, sorprende que la investigación ministerial no haya explicitado más anomalías. Con todo, la autoridad educacional decidió enviar al Ministerio Público y a Impuestos Internos los antecedentes recabados para que estos investiguen presuntas irregularidades, toda vez que no pudo acceder a toda la documentación solicitada.

Hay que recordar que las facultades ministeriales en estas materias son muy acotadas. Durante el anterior gobierno, esta realidad se hizo notar en innumerables oportunidades, a pesar de que muchas voces plantearon tesis contrarias a esa visión. Esta experiencia investigativa parece corroborar ese planteamiento y hace necesario rescatar el proyecto de Superintendencia de Educación Superior que envió al Congreso la anterior administración. Queda en evidencia, además, que fue un error suspender su tramitación. La idea de crear esta institución tenía respaldo, aunque puede haber habido discrepancias respecto de algunas de sus disposiciones. Con todo, se había aprobado en general en el Senado, y el Gobierno tenía la posibilidad de introducirle indicaciones.

La suspensión de su tramitación ha ido postergando la posibilidad de que el Estado tenga una mejor y más efectiva capacidad fiscalizadora que la actual. Privilegió, en cambio, la figura del administrador provisional, que se anticipó iba a generar una presión por una intervención estatal, como de hecho está ocurriendo en este caso. Ese enfoque no es particularmente sano para la educación superior, toda vez que no genera los incentivos para asegurar un buen funcionamiento de cada institución. Una superintendencia encargada de fiscalizar a las instituciones, en cambio, permite una acción preventiva que minimiza la posibilidad de que ocurra una situación crítica como la que afecta a la Universidad Arcis.

Si este nuevo órgano actúa de la mano de un buen sistema de aseguramiento de la calidad que, por ejemplo, evite el vacío que se produce actualmente entre el momento en que una institución alcanza su autonomía y aquel en que decide acreditarse, la posibilidad de que el sistema de educación superior se fortalezca crece significativamente. En ausencia de adecuadas capacidades de fiscalización, los informes del Ministerio de Educación adolecerán de una falta de credibilidad significativa que no es buena para el país. El Poder Ejecutivo debería enmendar su error inicial y apurar una actualización del sistema de supervisión y aseguramiento de la calidad en educación superior.