En el espíritu de despejar desconfianzas y mejorar las relaciones con los empresarios, la Presidenta Bachelet se refirió en forma muy positiva a las concesiones de infraestructura en la reunión anual de la industria, aunque excluyó las cárceles y los hospitales de los proyectos potenciales. En otro plano, pero en el mismo ámbito, la actual concesionaria de la Ruta 68 a San Antonio ha propuesto construir una tercera pista a cambio de que se extienda su concesión que termina en 2019, en solo cuatro años. Ambas noticias se interrelacionan, y no de manera positiva.

Si bien es bueno que no se hayan abandonado las concesiones, parece negativo el que se excluya la posibilidad de proyectos en cárceles y hospitales. Aunque las experiencias en esos rubros han sido menos positivas que en otros ámbitos, los argumentos que ha usado el Ministerio de Salud son de extrema debilidad y delatan más convicciones ideológicas que argumentos reales. Es verdad que en el primer ciclo de cárceles hubo serios problemas con uno de los concesionarios, pero las reformas a la Ley de Concesiones de 2010 fueron hechas en parte para que no se repitieran esos problemas, por lo que las objeciones basadas en ese ejemplo no son válidas.

En el caso de los hospitales concesionados no existe evidencia de deficiencias en los actuales establecimientos concesionados o al menos no de deficiencias peores que en los hospitales públicos. Las múltiples denuncias del Minsal y de los servicios de salud se han diluido al ser confrontadas con los hechos. Por ejemplo, las publicitadas fallas en la ventilación de los quirófanos (que supuestamente pondrían en peligro a los pacientes) se desvanecieron cuando las mediciones usaron los protocolos establecidos para quirófanos, algo que no hicieron los evaluadores del Minsal. La furiosa campaña contra los hospitales concesionados no tiene más asidero que la ideología o el temor, en el caso del Hospital del Salvador, a perder empleos del sector público.

En el caso de la Ruta Santiago San Antonio, el concesionario desea extender su negocio, cuyo fin se acerca, sin tener que competir por él. De aceptarse su propuesta, el MOP cometería un grueso error. Si licitara la concesión antes de su fin, y permite al futuro concesionario preparar las nuevas obras antes del fin de la actual concesión, lograría un resultado mucho mejor que el que obtendría negociando con el actual concesionario. Al negociar, se deben repartir los beneficios sociales del proyecto expandido, porque el concesionario cobraría un alto precio por las nuevas pistas y otras obras, ya que no enfrentaría competencia. En una licitación, en cambio, el país se quedaría con todos los beneficios, ya que la competencia entre participantes reduciría la rentabilidad del proyecto a valores razonables. Un segundo beneficio de usar una licitación y no renegociar es que el nuevo concesionario operaría bajo la nueva Ley de Concesiones, y no como el concesionario actual, que puede aprovechar todas las deficiencias de la antigua legislación. En definitiva, no se ven razones para dejar pasar la oportunidad de relicitar.

Por último, si lo que deseaba la Presidenta era convencer a los empresarios de que no son las alas más radicales de la coalición las que dominan la actual administración, es probable que su discurso en la cena anual no haya sido del todo efectivo. Para eso tendría que enviar una señal que le signifique incurrir en costos políticos, como por ejemplo declarar que, pese a las polémicas, sí habrá concesiones hospitalarias. Eso envuelve costos, pero tendría un gran impacto.