Las declaraciones del embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras (PC), hechas a un diario de esa república y en las cuales formula una serie de aseveraciones respecto de la historia política de nuestro país en los últimos decenios, generaron una justificada molestia y un severo rechazo en diversos sectores. En el marco de ese análisis, el embajador Contreras afirmó, respecto de los últimos atentados habidos en el país, que "yo no tengo ninguna duda de que estos actos terroristas que se han registrado son de la ultraderecha", agregando, además: "¿A quién le interesan los actos terroristas? A la derecha, a la derecha empresarial", instalando con ello una acusación que no solo es contraria a todo lo que la policía y el Ministerio del Interior -a cuyo gobierno Contreras representa- han dicho, sino que además pretende con ello imputar de manera genérica, y sin aportar ninguna prueba más que la de su imaginación conspirativa, a personas cuya tarea es completamente ajena a los hechos aludidos. Asimismo, en relación con la DC indicó que "no es igual la relación Partido Comunista-Democracia Cristiana en Uruguay que en Chile. Entre otras cosas, porque la directiva demócrata cristiana de 1973 apoyó el golpe. Eso es algo que pesa mucho en la sociedad chilena, aunque es cierto que con posterioridad estos mismos dirigentes lucharon contra la dictadura".

El rechazo a dichas declaraciones no solo provino de los gremios empresariales aludidos, y de la propia DC, sino que fue transversal a prácticamente todo el espectro político. No solo no corresponde que un embajador haga declaraciones del tipo de las que hizo Contreras, sino el hecho de que, en relación con los atentados, ellas estén en completo desacuerdo con la opinión que al respecto ha emitido la autoridad gubernamental, a la que el mismo Contreras representa y, además, que ellas las haga respecto de temas políticamente sensibles, con esquemas de análisis de hace 40 años, refleja una falta de criterio imperdonable para quien ejerce ese cargo. De hecho, fue llamado por la Cancillería para que diera explicaciones, y, a pesar de que todas las señales indicaban que, como ocurrió con otros embajadores en incidentes análogos, eso era la antesala de su destitución, ante la sorpresa de la ciudadanía, ello no fue así. Las explicaciones fueron aceptadas, y el embajador fue ratificado.

El único costo para Contreras fue el tener que presentar excusas públicas a los empresarios y a la DC, leyendo un texto en el cual se desdice de lo que antes había afirmado con tanta vehemencia, alegando además ingenuidad, pues dijo no tener claro el carácter de la conversación que estaba teniendo con la periodista. El diario uruguayo, por su parte, ante las primeras protestas de Contreras luego de la entrevista, fue enfático en expresar que "no rectificaba", sino que "ratificaba" lo que allí estaba escrito, pues había sido grabado de manera abierta ante el embajador. Todo este incidente deja una muy pobre impresión de la actuación de Contreras y de su aptitud para ejercer la representación del país. Además, lo hace aparecer más interesado en preservar el cargo que en defender sus opiniones, contrastando aquello con su actuación pública como abogado de derechos humanos, en la que siempre las había defendido con mucha fuerza.

La decisión final fue tomada por la Presidenta Bachelet, probablemente con miras a preservar los delicados equilibrios políticos que sostienen a la Nueva Mayoría unida y por mantener al PC satisfecho dentro de la coalición, aun a costa de ofender con ello a la DC.

Este camino, congruente con la manera como se está desenvolviendo la dinámica política general del país, es una vía riesgosa, no exenta de costos y problemas, que el Gobierno deberá ponderar. Al respecto, la idea expresada por el Canciller de que la resolución dada a este asunto "no puede ni constituye un precedente" subraya la inconveniencia de este desenlace.