El más perjudicado con el caso Penta será, sin ninguna duda, Andrés Velasco. Y ello no será fruto de ningún propósito escondido de la fiscalía o del Gobierno, sino un resultado de su propia conducta.
Pero, ¿qué hay de reprochable en el comportamiento de Andrés Velasco?
Aparentemente nada. Velasco ha informado, luego de una larga y morosa meditación, que él no recibió aportes reservados del grupo Penta; aunque sí, agregó, percibió honorarios o remuneraciones por servicios prestados a algunas de las empresas de ese grupo:
"La única relación con las empresas del grupo Penta -declaró- se circunscribe al ámbito profesional a través de charlas o servicios específicos que se iniciaron hace más de 3 años".
Así, entonces, no parece haber nada reprochable en su conducta. Como no recibió aportes reservados de ese grupo, no se puede sostener que a los ojos de esos donantes él sea la segunda mejor alternativa de la derecha. Y como declara haber prestado efectivamente los servicios por los que se le pagó, tampoco puede imputársele delito alguno.
¿Quedó a salvo de toda crítica entonces?
No, en absoluto. Pero para advertirlo es inevitable un breve rodeo.
En los sistemas en los que se han establecido límites al gasto en las campañas -v.gr. Estados Unidos- se han inventado varias formas de eludirlos. Una de las más frecuentes es la abogacía de temas específicos ( advocacy issues ). En vez de donar dinero al candidato que es contrario al aborto, se financia una campaña a favor de la prohibición de abortar; en vez de donar al candidato que promueve el matrimonio gay, se financia una campaña a favor del matrimonio igualitario. Como hay identidad entre el candidato y los temas que promueve, esas donaciones son, en realidad, un financiamiento de las campañas. El caso extremo se verifica cuando se paga al candidato para que exponga, en calidad de experto, un tema que lo identifica políticamente. Si se pagó a Al Gore para que hablara como un experto de global warming, ¿se pagó un servicio o se donó a una contienda política?
Lo que cabe preguntarse es si lo anterior se aplica a Velasco.
Y la respuesta es sí.
Velasco es un político cuyo activo -el bien que él ofrece al electorado- son sus ideas económicas, sus explicaciones acerca de cómo hay que manejar las finanzas y la importancia que tienen las instituciones para que todo eso funcione. Esas ideas que Velasco suele exponer con brillo y con soltura no son asesorías a negocios específicos: son puntos de vista globales acerca de la economía y la política. Temas propios de la economía neoinstitucional, como el valor de las reglas y de lo que el propio Velasco (tomándolo sin duda de una antigua conferencia de Ortega) llama "vieja política", son los asuntos de los que él suele hablar y exponer ante diversas audiencias. En un intelectual como Velasco, que es, al mismo tiempo, político profesional, es difícil discernir entre su conocimiento técnico y sus ideas políticas, entre los temas que promueve como candidato y aquellos de los que habla como técnico. Y la razón más obvia de todas es que su calidad de técnico es el principal activo que él esgrime para dedicarse a la política.
Así las cosas, si una empresa, como las del grupo Penta, le paga para que le hable a un grupo de ejecutivos y emita ante ellos un diagnóstico acerca de cómo va el país o detecte lo que en su opinión son errores del manejo económico o de la política; si, en suma, le paga para que divulgue las ideas que él utiliza para seducir al electorado, ¿está remunerando un servicio, o está financiando una candidatura? Obsérvese que el problema aquí no consiste ni en lo reservado del aporte, puesto que Velasco ha declarado no haber recibido ninguno, ni en la falsificación ideológica de facturas, puesto que los servicios se habrían efectivamente prestado. El problema deriva de la índole de los servicios que habría realizado, consistentes en divulgar remuneradamente las ideas que él esparce gratis cuando hace campaña. Si una empresa del grupo Penta entrega dinero a cambio de eso, ¿está pagando un servicio o está financiando una campaña?
El error de Velasco -le costará caro- ha consistido en identificar su carácter técnico con el político o, si se prefiere, en hacer de la política una cuestión técnica. Cuando eso ocurre, ya no se puede distinguir al Velasco técnico del Velasco político, ni menos separar el pago de remuneraciones por oír sus consejos financieros, de las donaciones indirectas a su campaña política.
Y en medio de esa ambigüedad su lema de las buenas prácticas cae, desgraciadamente, por su propio peso.