La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el cual debe ahora ser discutido en el Senado. La creación del ministerio, una de las cincuenta primeras medidas prometidas por la Presidenta Bachelet, según la actual ministra del Sernam, responde a la necesidad de "tener una institucionalidad que bregue todos los días en pos de avanzar (para) aminorar estas brechas entre hombres y mujeres... eliminar la desigualdad".

¿Será esta institución el mejor instrumento para velar por la igualdad de derechos y oportunidades de la mujer, evitar la discriminación (especialmente en el trabajo) y promover la "equidad de género"? La creación de nuevos ministerios (cinco desde 1990; este sería el sexto) ha sido una respuesta común de la autoridad para tratar de buscar soluciones a cuestiones sociales complejas, pero no está claro que ellos hayan cumplido plenamente sus objetivos ni que tengan ventajas frente a las instituciones que reemplazaron.

Si se aprueba en definitiva el texto, la nueva cartera, que vendrá a sustituir al actual Servicio Nacional de la Mujer, tendrá como responsabilidad velar "por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de equidad de género, los que deberán incorporarse en forma transversal en la actuación del Estado", formular un "Plan Nacional de Igualdad", y otras iniciativas legales en las materias que le competen. Curiosamente el texto no define el concepto de "equidad de género", a pesar de que es la materia central de la ley, por lo que queda abierto a diversas interpretaciones.

Es valiosa la preocupación del legislador por promover "el pleno desarrollo de las mujeres", garantizar el "goce de sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades con los hombres, su plena participación en la vida laboral... y acceso a cargos de elección popular y funciones públicas". Se trata de un objetivo ampliamente compartido, pero no está claro cómo el ministro o ministra podrá "garantizar" esos derechos sin arriesgar un excesivo intervencionismo en la vida laboral ni recurrir a medidas coercitivas no solo poco deseables, sino inefectivas.

Importante es el acápite enfocado a crear políticas para la atención, prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres, un flagelo que azota a muchas familias que no están suficientemente protegidas. También, que se haya incluido, a insistencia de la oposición, la "protección de aquellas (mujeres) que desarrollen su proyecto de maternidad".

En paralelo a las acciones que pueda realizar el Ejecutivo, la sociedad -los privados- puede, y debe, fomentar iniciativas que subsanen las desigualdades entre hombres y mujeres en la fuerza laboral, ya que ellas enfrentan diversas discriminaciones en ese ámbito. Muchas veces esa "discriminación" se justifica por la voluntad de las mujeres de tener mayor flexibilidad horaria para atender a su familia. En ese sentido, importantes empresas realizan programas de mejoramiento de calidad de vida de sus empleados de ambos sexos, procurando establecer mecanismos de conciliación familia-trabajo, con los que no solo se aumenta la satisfacción laboral y se mejora el clima en el interior de la empresa, sino también la productividad.