Quebrando con una larga historia, que conducía a un Estado cada vez más fuerte en lo económico, social y cultural, y contra lo que por entonces era la tendencia dominante en Latinoamérica y en buena parte del mundo, la dictadura instauró el "Estado Subsidiario" (ES). Fue el cambio más revolucionario de Chile desde su independencia.

Frente al Estado concebido como representante y administrador del bien común, el concepto de ES lo define como la entidad encargada de efectuar única y exclusivamente las tareas que los individuos no pueden o no quieren hacer a través de otras instituciones, como la familia, la comunidad, la empresa y el mercado. Su campo de acción ha de ser mínimo y férreamente limitado, para no ahogar la autonomía de los individuos y de la sociedad civil. Esto exige poner barreras a su expansión pues quienes lo manejan siempre estarán tentados a expandirlo y utilizarlo en beneficio propio.

La instauración del ES exigió identificar áreas que, estando en manos del Estado presubsidiario, podrían interesar a agentes económicos privados movilizados por el objetivo de maximizar el retorno para su inversión. Esto suponía hacer las reformas institucionales necesarias para configurar esas áreas como oportunidades de negocio, y al mismo tiempo, para convencer a la población de que lo que antes proveía el Estado y esta asumía como un derecho, sería ahora provisto por la empresa privada y debía ser tomado como un bien de consumo al que se accede a través del mercado. Esto desembocó en la creación de industrias, demandas y oportunidades de negocios que no existían; entre ellos, la previsión, la energía, la salud y la educación.

La mercantilización de la provisión de servicios públicos logró capturar inversiones privadas, y esto redundó en la ampliación de las prestaciones y, en muchos casos, en una mejora de su calidad. De paso, ella sirvió de plataforma para la creación de nuevos grupos económicos.

Los gobiernos democráticos siguieron la misma línea. Abrieron nuevas áreas de negocios para el sector privado traspasando áreas que aún quedaban en manos del Estado, como infraestructura, agua potable, puertos y aeropuertos, entre otros. Al mismo tiempo introdujeron normas de transparencia y competitividad, de la mano de un tímido robustecimiento de las regulaciones y de la fiscalización, siempre con la oposición del mundo empresarial y la derecha, que veían en esto el retorno del "ogro filantrópico".

Las protestas de 2011, y el movimiento de opinión que generaron, fueron en el fondo una rebelión contra el ES. Esto trajo de vuelta a Michelle Bachelet a La Moneda, y lo que enhebró su programa de gobierno. Donde mejor quedó plasmado el propósito de la desmercantilización fue en las versiones originales de los proyectos de la reforma educacional. Esto suscitó la resistencia de la educación privada, objetivamente amenazada en su sobrevivencia, al igual que las demás industrias creadas por el ES. Pero también despertó aprensiones en una población que accede a los bienes públicos por medio de una ecuación que combina instituciones estatales con mecanismos de mercado, y que a la hora de la verdad no está dispuesta a renunciar a lo que tiene por algo que no logra visualizar y que le podría representar un retroceso. Esto no desautoriza la voluntad reformista del Gobierno, pues todo cambio suscita reacciones semejantes. Pero indica, eso sí, que la desmercantilización es una ambición tan revolucionaria como lo fue en su día la mercantilización, y no cuenta -en buena hora- con el respaldo de una dictadura.