A fines del mes pasado, el Servicio de Impuestos Internos denunció a los fundadores del grupo Penta por evasión tributaria. De acuerdo a información periodística, las indagaciones de la fiscalía habrían llevado a detectar, además, donaciones irregulares del grupo a campañas políticas.

A principios de mes, la Superintendencia de Valores y Seguros resolvió sancionar a personas relacionadas con las llamadas "Sociedades Cascada" y a la corredora de bolsa LarrainVial por infracción a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas.

La semana pasada, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en una resolución unánime, sancionó a las principales empresas avícolas (Agrosuper, Ariztía y Don Pollo) por colusión. Además de aplicar las multas máximas contempladas en la ley, el tribunal ordenó la disolución de la gremial que agrupa a los productores.

Estos casos y otros similares conocidos en el pasado reciente representan un grave daño a la fe pública y afectan a los chilenos en diversas formas: como ciudadanos, votantes, consumidores, contribuyentes y accionistas minoritarios.

¿Cuenta nuestra institucionalidad -de libre competencia, tributaria, de valores y política, entre otras- con suficientes herramientas disuasivas para prevenir casos como estos en el futuro?

En cuanto a libre competencia, el país ha logrado avances relevantes en la última década. Ello ha permitido indagar y sancionar casos como el de la industria avícola. Pero aún hay espacio para avanzar.

Por una parte, las multas tienen un tope máximo y no guardan relación con el daño causado. En el caso Pollos, el informe elaborado por Gómez-Lobo y Lima estima el daño en unos 1.500 millones de dólares; la multa apenas alcanza los sesenta millones de dólares.

La efectividad de la ley sería mayor si contemplara sanciones a los individuos responsables de la colusión, y no solo a las empresas. Si hay una forma de disuadir con eficacia, es a través de la pena de cárcel, como sugiere la experiencia de Estados Unidos.

Ella permite, además, introducir una mayor proporcionalidad al sistema penal, que hoy castiga con cárcel delitos mucho menores, como vender discos pirata en la calle. También fortalecería la delación compensada como instrumento desestabilizador de carteles.

En lo impositivo, la reforma tributaria recientemente promulgada contempla un aumento relevante en la dotación de personal fiscalizador del SII. También incorporó una norma general antielusión para que la ley se interprete según la sustancia económica, y no solo la forma.

La reforma también creó reglas especiales antielusión, en particular respecto de la reinversión en el extranjero. Aquí la reforma fue tímida, pues solo pide que las empresas informen estas reinversiones. Los países avanzados limitan el diferimiento de impuestos cuando ellos se realizan en paraísos fiscales o cuando son pasivos.

Por su parte, el caso Cascada ha puesto nuevamente en evidencia la falta de transparencia y los conflictos de interés que pueden suscitarse en el mercado bursátil. Ante algunos de estos conflictos, las bolsas en el mundo han tendido a la desmutualización.

Este proceso significa que las bolsas se transforman de organizaciones sin fines de lucro cuyos dueños son las empresas corredoras, a sociedades de accionistas con fines de lucro. Así, los dueños de las bolsas no son los intermediarios, y para transar no se requiere de participación en la sociedad.

No se necesita de una ley para desmutualizar, sino la voluntad de los dueños. La SVS puede actuar como coordinador del proceso y a la vez resguardar que el nuevo gobierno corporativo proteja adecuadamente los intereses de los accionistas que no son corredores.

Finalmente, el financiamiento de la política ya había vuelto al debate gracias a las indicaciones de los diputados Jackson y Mirosevic al proyecto de reforma al sistema binominal, que proponen acabar con el aporte de las empresas y las donaciones reservadas.

Las empresas no tienen ideología, solo intereses; por ello, a mi juicio, no deben aportar a la política. Menos aún en el contexto actual de opacidad en que los candidatos saben más que la ciudadanía sobre cómo se financian. La ley del lobby es insuficiente, pues no basta con saber quiénes se reúnen con nuestros representantes; también es importante conocer quiénes aportan recursos. Los casos Cascada, Penta y Pollos son solo una muestra de que hoy el nivel de transparencia de diversas actividades y las capacidades sancionatorias y fiscalizadoras de la institucionalidad -SVS, Servel, SII, libre competencia- no bastan para disuadir comportamientos inadecuados.

Avanzar decididamente en mayor transparencia y competencia es central. Ello permitiría reducir el espacio para abusos, trayendo mayor legitimidad a los mercados e instituciones, y también promovería la eficiencia e innovación, generando beneficios reales para buena parte de la ciudadanía.