Osvaldo Andrade tiene toda la razón. No parece haber nada sorprendente en el caso Penta. Después de todo, ¿quién, salvo un ingenuo irredento, podría considerar inédito o sorpresivo que Carlos Eugenio Lavín o Carlos Alberto Délano, cuyo apodo, el Choclo, es de esperar no se convierta, quiera Dios, en un alias, fueran financistas de la UDI?

Sorprenderse porque un grupo financiero apoye a la derecha es tan estúpido como desorbitar los ojos a la vista de la negrura del hilo negro. ¿Qué se esperaba? ¿Qué un grupo de personas con vínculos sociales y de clase con parte de la dirigencia de la UDI y cuyos intereses objetivos estaban alineados con el partido que fundó Guzmán, apoyara al PPD o al PS? No, no cabe duda. No hay nada de notable en los vínculos entre el grupo Penta y el partido que fundó Jaime Guzmán.

Nada.

Tampoco son dignas de atención las donaciones reservadas que ese grupo habría hecho a algunos de los candidatos de la UDI.

La reserva en las donaciones es plenamente conforme al derecho vigente. Desde el punto de vista del derecho, los aportes a las candidaturas pueden, perfectamente, ser reservados, y no es del todo malo que sea así.

En efecto, una donación reservada es una en que el donatario, es decir, el candidato, no sabe quién le donó ni cuánto. Se beneficia; pero carece de la certeza respecto del beneficiario. Las donaciones reservadas permiten así que los particulares -por ejemplo, Délano o Lavín- donen al candidato de su preferencia; pero que este último no tenga certeza de que la donación fue efectuada. De esta forma, la reserva en las donaciones libera al candidato electo de cualquier compromiso. En otras palabras, la reserva en las donaciones cumple la misma función que el secreto del voto: así como este último tiene por objeto evitar el cohecho, es decir, que los más ricos puedan comprar el voto, las donaciones reservadas persiguen evitar que quienes tienen dinero, Délano o Lavín, o como se llamen, puedan financiar una campaña a cambio de apoyo. Como el candidato no sabe quién le donó y cuánto, nunca se sentirá obligado frente a aquel que aportó a su campaña.

Hasta ahí todo bien.

El problema es que el caso Penta es distinto.

Lo que se reprocha aquí es haber simulado boletas de honorarios o de prestación de servicios a fin de transferir recursos a candidatos -no solo de derecha, puesto que, todo hay que decirlo, también fue mencionado Andrés Velasco- fuera de las reglas legítimas de financiamiento electoral. En vez de efectuar donaciones reservadas, empresas del grupo habrían transferido dinero a los candidatos y, luego, habrían justificado el egreso de esos recursos con boletas de honorarios o de servicios que nunca se prestaron.

El fraude sería así doble: ayudaría a eludir el límite de gasto que pesa sobre las campañas e inflaría el gasto de las empresas, burlando así sus obligaciones tributarias.

Todo mal.

Sin embargo, no hay que dirigir todo el reproche hacia el grupo Penta. No se requiere ser ni sagaz ni desconfiado para sospechar, o saber, que lo que ocurre en este caso -el empleo de argucias de diversa índole para burlar la ley y lograr que el dinero impere sobre la voluntad de los ciudadanos- debe repetirse también en otros sectores políticos.

Ni el Choclo Délano -Dios quiera que ese apodo no se convierta en alias- ni Lavín son casos aislados o únicos en la política chilena y, por lo mismo, pensar que los defectos en el financiamiento de las campañas están nada más que del lado de la derecha, es un error de proporciones.

Todos saben que los políticos -aunque más intensamente Délano y Lavín- serán especialmente fervorosos en la misa de hoy y rogarán para que se comprenda la pureza final de sus actos, la nobleza de sus propósitos. Pero todos, sin excepcion, estarán rogando en el mismo sentido.

No vaya a ser cosa que, en la maraña de esfuerzos y piruetas que hicieron en los últimos años, exista algo que hoy, alimentado por la injusticia de la distancia, y a propósito del caso Penta, pueda serles reprochado.