Cuando esta semana se supo de las modificaciones que sufrirá la Ley contra la Violencia en los Estadios, de inmediato surgió la voz crítica de los clubes del fútbol nacional. Es cierto que el proyecto muestra definiciones discutibles, como la facultad de los intendentes o gobernadores de suspender los partidos, incluso con el juego en curso. Eso no lo acepta la FIFA. Los jueces, en rigor, ante cualquier contingencia están facultados para hacerlo.

Suena contradictorio que los clubes visitantes respondan por sus seguidores si la exigencia de la autoridad, sumado al reglamento de la ANFP, es que no tengan ningún vínculo con ellos. Ahora, si se comprueba que hay nexo (entrega de entradas, plata para los viajes, por ejemplo), deben ser sancionados deportiva y jurídicamente.

No corresponde que la Federación de Fútbol de Chile haya sido multada, por más que lo diga el reglamento de la Copa del Mundo, por la invasión de los hinchas nacionales a la sala de prensa del estadio Maracaná en el partido con España. Nada justifica la conducta de los seguidores de la Roja, pero la organización permitió que cualquier persona se acercara hasta las puertas del coloso carioca. En los duelos siguientes hubo controles previos que impedían el paso a quienes no tenían entradas.

La respuesta de los clubes y la ANFP no fue buena. Quisieron montar una operación comunicacional, con la vieja cantinela de que la Conmebol y la FIFA no aceptan la intromisión del poder político. Mal argumento, porque si a alguien le debe el fútbol su existencia actual, es al apoyo del Estado. Creó la ley SAD, permitió pactar la deuda tributaria y arregló los estadios.

El atrincheramiento de los dirigentes evidenció una cuestión de fondo. La carencia de conducción política. En el tema de la violencia, la relación con el gobierno anterior fue mala. Estaba muy claro que ganaría la "Nueva Mayoría" en las elecciones de 2013, pero esta industria -porque eso es hoy, la mayor industria de entretenimiento- no tenía discurso, ni menos un plan de acción para conducir la discusión.

Las elecciones de 2010 amenazaron con poner en la agenda una serie de modificaciones que la actividad requiere. Nada ocurrió. Cuestionaban a la administración Mayne-Nicholls por atender casi de manera exclusiva al club 33 de la corporación, "la selección chilena". Algo que no varió.

Entre las reformas prometidas se mencionó que los árbitros pasaran a depender de la federación, y no de la ANFP. Razonable y lógico, porque hoy la mesa de Quilín representa a los dueños de los clubes. ¿Pueden los propietarios ser los patrones de los árbitros? No. En España, el referato está alojado en la Real Federación, no dependen de la Liga. Sano y probo.

Son muchas las tareas pendientes. Dignificar el mamarracho que hicieron en la Copa Chile y dar una respuesta coherente a la denuncia de este diario, sobre el vacío de las bases en el caso de que se produzca un empate en el coeficiente de rendimiento por el descenso, es urgente.