Señor Director:

En una columna publicada ayer en "El Mercurio", el abogado Eduardo Escalona, asesor de la Conacep, en continuidad con anteriores declaraciones del presidente de dicha institución, sostiene la insólita tesis de que la reforma educacional sería hecha a favor de los colegios de la Iglesia Católica. Realmente, resulta incomprensible que un sector educacional que tiene el legítimo derecho a defender sus intereses lo haga valiéndose de afirmaciones alejadas de la realidad y con desconocimiento de la situación de los colegios de la Iglesia.

La Iglesia ha apoyado positivamente el propósito de poner fin al lucro, al copago y a la selección, porque apunta a la demanda de mayor equidad para todos los chilenos. Con todo, como Iglesia también hemos dicho claramente que el proyecto requiere precisiones, especialmente en el ámbito de su implementación. Y hemos lamentado que su eje sean las materias económicas y no las educativas propiamente tal. En efecto, nos preocupa, por una parte, la insuficiencia para asumir una calidad de educación para todos y, por otra, que genere situaciones que puedan afectar el funcionamiento de las comunidades educacionales, sean estas laicas o confesionales.

La suma de nuevas regulaciones, controles y sanciones en variados ámbitos del funcionamiento de las escuelas, manifiesta una desconfianza hacia el sistema de provisión mixta. Se corre el riego de limitar en forma importante la libertad de enseñanza, en la legítima autonomía de gestión de los proyectos educativos, el conocimiento y diálogo con las familias en la elección del colegio, el trabajo en red, tan importante en el mundo de la educación.

En su última declaración, el Área de Educación de la Conferencia Episcopal ha señalado: "En la línea de una justa retribución regulada por ley, creemos que se debe permitir el arrendamiento a todos los sostenedores que no sean dueños del inmueble en las condiciones establecidas en la ley, pues es importante que fruto de esta regulación ninguna comunidad escolar, sea de establecimientos públicos o privados, laicos o confesionales, se vea afectada en su funcionamiento futuro" (11.9.2014). Nos parece que todavía será necesario un mayor esfuerzo de todos para buscar una solución a este asunto, que lamentablemente se ha convertido en un tema central, pues todavía la fórmula del arrendamiento regulado en las condiciones que prescribe el articulado transitorio no da una solución y puede ser un boomerang para la reforma.

Dicho lo anterior, sin perjuicio de que la Iglesia no ha mirado solo su experiencia educativa, sino el bien común de la educación del país; nos parece que el hecho de que los colegios católicos sean sin fines de lucro, no autoriza a quienes sí prestan un servicio educacional con fines de lucro, para intentar crear artificialmente un conflicto donde no lo hay y afirmar una supuesta intencionalidad que buscaría beneficiarse de los alumnos que supuestamente emigrarían de sus colegios.

Estamos todos preocupados y debemos mantener la cabeza fría, evitar hacer imputaciones infundadas y trabajar para el bien de la educación de los niños, niñas y jóvenes de Chile.

Pbro. Tomás Scherz
Vicario para la Educación, Arzobispado de Santiago