Avanzada se encuentra la nueva iniciativa para reformar el anquilosado estatuto de la Cancillería. Es una promesa incumplida por varios gobiernos. Dos proyectos con el mismo propósito están empantanados en el Congreso. Esta vez habría más posibilidades de lograrla: bajo la dirección de un experimentado diplomático se han recibido opiniones del personal de la Cancillería y de dirigentes políticos de distintos sectores; se han recogido aspectos relevantes de los anteriores proyectos de ley y de las cancillerías de mayor prestigio. Esta vez la reforma se ha planteado al inicio del Gobierno, que cuenta con la mayoría en ambas cámaras. El respaldo presidencial será decisivo para su aprobación. La tramitación del proyecto estará expuesta a presiones corporativas que favorecen el inmovilismo; a la resistencia de ministerios que se oponen a la coordinación diplomática, y habrá que precaver los intentos de dar espacios a la politización en los nombramientos.

El estatuto diplomático, que se arrastra desde 1978, fue concebido durante la Guerra Fría, bajo tensas relaciones vecinales y en los inicios de la integración de Chile al comercio mundial. Ese panorama cambió con el advenimiento de la democracia, el fin del bipolarismo, la desintegración de la Unión Soviética, la emergencia de potencias nuevas, la revolución tecnológica y la profundización de la globalización y del multilateralismo.

La nueva iniciativa propone una organización moderna que mejore la capacidad de análisis prospectivo, contempla una Subsecretaría de Relaciones Económicas, el fortalecimiento de la capacidad de coordinación de las acciones internacionales, la incorporación de especialistas en materias técnicas que incidan en la política exterior y permitiría cubrir nuevos desafíos y temáticas, que incluyen a Europa Oriental, Asia Central y al África subsahariana, donde Chile está prácticamente ausente.

Uno de los mayores inconvenientes de la Cancillería es la falta de medios. Solucionar esta falencia es impostergable y se puede alcanzar en la Ley de Presupuestos, para actualizar las remuneraciones e incrementar sus limitados recursos. La planta del servicio exterior no registra aseguramiento de su profesionalización, su escalafón está obsoleto, virtualmente estancado, impidiendo la fluidez de la carrera diplomática. Solo desde la década de los ochenta exige título universitario, se ha omitido en algunas promociones de la Academia Diplomática y no es obligatorio para los embajadores.

Tampoco se debería esperar la aprobación de la reforma para realizar cambios operativos que no requieren de ley. Es el caso del redespliegue de embajadas y consulados, mejoría en la coordinación con el sector público y la sociedad civil, y modernización de anacrónicos procesos internos que soportan los funcionarios y también los ciudadanos. A comienzos de año se legisló para agilizar las legalizaciones de documentos oficiales emitidos o para ser usados en el exterior. Transcurren los meses, pero aún no se implementan los cambios a los anticuados y costosos procedimientos que diariamente soportan centenares de ciudadanos. Agilizar la gestión de la Cancillería también es impostergable, y no solo es materia de legislación, aunque se favorecería con la reforma.

Otra reforma pendiente para la defensa de los intereses de Chile en el exterior es la propuesta del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales de crear una agencia permanente para la defensa jurídica de los intereses patrimoniales y soberanos del Estado ante los tribunales extranjeros. La carencia de una unidad semejante y las limitaciones impuestas al Consejo de Defensa del Estado son de alto riesgo para el interés nacional. En la actualidad se soluciona discrecional e improvisadamente en cada oportunidad, y no solo en materia de soberanía, sino que también en juicios de inversionistas y en otros reclamos judiciales por responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional.