La base de datos del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) contiene información respecto de la prohibición de donaciones de empresas a la política. Ahí se puede comprobar que 38 países prohíben la donación de empresas a los candidatos y 127 las permiten. Si el foco se pone solo en Europa, en los 43 países para los que este instituto presenta información, solo en once de ellos hay prohibición de donación de corporaciones a candidatos a ocupar un lugar de representación política. En el resto de los países se permite.

A la luz de estos antecedentes, la idea de que las empresas no votan y, por tanto, no deberían aportar a la política no parece tan extendida. Hay argumentos razonables para que las empresas contribuyan en política. El país se beneficia de la existencia de partidos políticos y candidatos que pueden conectarse con la población, y ello requiere fondos que habitualmente no son provistos por el Estado o por donaciones de simpatizantes individuales. Las contribuciones de las empresas, entonces, permitirían una mejor política.

Pero también hay un argumento pragmático. A menudo se cita la experiencia estadounidense, donde si bien las empresas tienen prohibido donar a los candidatos, los aportes se hacen por vías indirectas que vuelven más complejas y caras las campañas electorales. También se argumenta que experiencias relativamente exitosas como en Francia a partir de 1995 han significado una inyección de fondos públicos a la política que otros países no podrían sostener.

Los cuestionamientos a las donaciones se enfocan en que esta es una forma de comprar favores. Existiría evidencia de que el involucramiento de las empresas en gestión política, ampliamente definida, las favorece y se traduce en mayores utilidades. Pero al distinguir entre diversas actividades, hay dudas respecto de si las contribuciones a las campañas logran este propósito. Al respecto, parecen más eficientes instrumentos como el lobby .

Por eso, tal vez, hay muchos que aceptan los argumentos más pragmáticos, pero insisten en que las donaciones deben ser completamente transparentes. Chile tiene un mecanismo de donaciones reservadas tanto para el público como para el candidato. Este, a menos que reciba una única donación, no puede saber realmente quién le donó. Y aunque se le comunique informalmente -el donante no puede demostrar que aportó ese dinero-, puede actuar como si no existiese esa donación. Esto desincentiva, por tanto, la contribución que aspira a influir en las decisiones de los candidatos, una vez que son elegidos. Acabarlo, como propone una moción parlamentaria, abre la posibilidad a volver a prácticas indeseables.

La transparencia, respecto del mecanismo de donaciones reservadas, tiene una gran desventaja. En la experiencia comparada, las donaciones a la política también son fruto de extorsiones ejercidas por los congresistas o, más generalmente, cualquier representante electo hacia las empresas. La transparencia es una forma muy efectiva de dar por cumplida la amenaza. Que la ley solo permita donaciones reservadas a la política -de la forma que se establece en Chile- pone serias dificultades a esa práctica. Chile ha encontrado aquí una disposición innovadora para regular el financiamiento de las empresas a la política y que parece estar funcionando bien. Cualquier cambio en la materia debiera considerar cuidadosamente los efectos de los sistemas alternativos que se proponen.