En las elecciones pasadas, el actual gobierno adquirió un importante compromiso con la ciudadanía: una transformación del sistema educacional para que la educación pasara a ser tratada como un derecho social, no una mercancía. Esto tenía cuatro aspectos: calidad, fin de la segregación social, fin al lucro y gratuidad universal. En este último principio se avanzaría gradualmente, para lograrlo totalmente en educación superior el año 2020. Cabe recordar el apoyo transversal que estas propuestas generaron cuando en las elecciones nacionales de primera vuelta, 6 de los 9 candidatos presidenciales, que obtuvieron en conjunto un 74% de los votos, propusieron en sus programas que la educación fuese gratuita.

El mensaje de la ciudadanía fue evidente. Se debe impulsar un cambio paradigmático en educación. Los chilenos entienden que existen esferas de la sociedad que no pueden ni deben estar sujetas a las leyes del mercado. Esto es, subordinadas al lucro, a la capacidad de pago de las familias y a la habilidad de los oferentes para segregar y "descremar".

En educación superior esta lógica se ha usado más intensamente y se ha traducido en la existencia de verdaderas fábricas de títulos profesionales, en los aranceles (PPP) más altos de la OCDE y en un alto endeudamiento de las familias. La ausencia del Estado en este ámbito es incuestionable. El gasto público en Chile en educación superior alcanza solo el 24,2% del gasto total, mientras que en los países de la OCDE es un 69,2% (OCDE, 2014). Esta situación no es sostenible. La educación, incluida la superior, debe constituirse como derecho social, y su sistema como un espacio de construcción de una sociedad más justa y cohesionada, desde donde se forma y ejerce la ciudadanía. La promesa de gratuidad universal en todos los niveles del sistema educativo es plenamente consistente con esta visión.

En una carta firmada por personas vinculadas a la educación, aparecida en "El Mercurio" (6 de septiembre, 2014), se sostiene que la gratuidad es regresiva y que podría afectar la calidad al limitar el arancel que las instituciones desean cobrar. Seamos claros, no existe evidencia seria que permita apoyar estas afirmaciones.

Primero, los datos disponibles son concluyentes. La gratuidad universal de la educación superior no es regresiva. Mientras los ingresos de los hogares del 10% más pobre aumentarían en 26,7%, los ingresos del 10% más rico aumentarían en 2,2% (Casen, 2011). Más aun, si esta se financia con impuestos progresivos o con un impuesto especial a los graduados del sistema, los ricos terminarán contribuyendo tres veces más a la educación superior que lo que actualmente pagan. Según las estimaciones del Gobierno, el 65% de los recursos de la reforma tributaria, diseñada especialmente para financiar la reforma educacional, proviene del 10% más rico. Adicionalmente, los firmantes de la carta publicada hace unos días no consideran que, además de eliminar las barreras económicas para acceder a la educación superior vía gratuidad, al traer este nivel educativo a un régimen público implica que se revisen los mecanismos de admisión que permitan a los grupos de menores ingresos estar más representados y se genere mayor igualdad en la enseñanza preescolar y escolar.

Segundo, así como la gratuidad no es condición suficiente para lograr calidad, esta no la afecta negativamente. La calidad del sistema se ve afectada por diversos factores, entre ellos la forma como se entregan los aportes del Estado (subsidio a la demanda vía becas y créditos). Este mecanismo ha generado una expansión inorgánica, descontrolada y segregada del sistema. Un aumento explosivo de la oferta de carreras, sedes e instituciones, que ha desbordado el deslegitimado proceso de acreditación de calidad y ha hecho imposible cerrar la brecha entre aranceles de referencia y reales debido a la alta inflación de aranceles que este mecanismo induce. Por ello, se debe tener claro que la solución no pasa por otorgar gratuidad universal a través de un voucher a los estudiantes. Tal como lo hacen muchos países de la OCDE, la gratuidad debiera organizarse con la lógica del financiamiento adecuado a las instituciones. Dicho mecanismo permite pagar a cada institución un monto de acuerdo a su matrícula y el logro de otros resultados socialmente deseables. Este mecanismo permite impulsar, exigir y apoyar el mejoramiento continuo de las instituciones que participan en el sistema e impactar positivamente en la calidad.

Los abajo firmantes le pedimos al Gobierno cumplir sus compromisos, lo que implica avanzar decididamente en la consolidación de los principios de la reforma y así lograr gradualmente una transformación de nuestro sistema educativo, en todos sus niveles, garantizando que la educación ya no sea una mercancía, sino un derecho social que beneficie a todos los chilenos y chilenas.

Naschla Aburman Valenzuela
Ignacio Agüero Piwonka
Laura Albornoz Pollmann
Jorge Arrate Mac Niven
Fernando Atria Lemaitre
María Soledad Barría Irroumé
Cristian Bellei Carvacho
Felipe Berríos del Solar (sj)
Gabriel Boric Font
Karol Cariola Oliva
Lautaro Carmona Soto
Aldo Cornejo
Javier Couso Salas
Clara Luz Cárdenas Squella
Gonzalo Díaz Cuevas
Marco Enríquez-Ominami
Fidel Espinoza
Alejandra Falabella Ambrosio
Maya Fernández Allende
Francisco Figueroa Cerda
Nicolás Fleet Oyarce
Carlos Flores Delpino
Claudio Fuentes Saavedra
Manuel Antonio Garretón
María Eugenia Góngora
Nury González Andreu
Cristina Girardi Lavín
Federico Galende
Javier González Díaz
Rodrigo González Torres
Nicolás Grau Veloso
Clarisa Hardy Raskovan
Giorgio Jackson Drago
Alfredo Joignant
Rodrigo Karmy Bolton
Marco Kremerman Strajilevich
Tomás Leighton Bunster
María José Lemaitre
Gonzalo Martner
Patricia Morales
María Olivia Mönckeberg
Carlos Ominami
Pascual Daniel Opazo Ortiz
Víctor Orellana
Pablo Oyarzún Robles
Ricardo Paredes Brito
Gabriel Palma
Jorge Pizarro Soto
Roxana Pey Tumnaoff
Yasna Provoste Campillay
Jaime Quintana
Matías Reeves
Manuel Riesco Larraín
Alberto Robles Pantoja
Fulvio Rossi
Carlos Ruiz Encina
Claudia Sanhueza Riveros
Cecilia Sánchez
Claudia Serrano Madrid
Gabriel Silber Romo
Willy Thayer Morel
Víctor Torres Jeldes
Ernesto Treviño Villarreal
Camila Vallejo Dowling
Paulina Veloso Valenzuela
Mario Venegas Cárdenas
Luis Villavicencio Miranda
César Yáñez Gallardo
Juan Manuel Zolezzi