El atentado terrorista ocurrido ayer en la más concurrida estación del Metro en Santiago oriente, en horas de alta presencia de público, con el resultado de diez heridos, dos de ellos de gravedad (una de las víctimas perdió parte de su mano derecha), confirma lo que este diario ha venido alertando desde hace meses. A una semana de haber asumido el actual gobierno, previno sobre lo errado y peligroso de anunciar su renuncia anticipada y genérica a aplicar la normativa antiterrorista, en una autolimitación solo explicable por razones ideológicas. Esto, a propósito de haber entonces exonerado el Ministerio del Interior a un abogado de su dependencia que -correctamente- como querellante la invocó en el proceso por la instalación de una bomba en un retén de Carabineros, en 2013. Más tarde, y mientras la secuela de hechos terroristas continuaba sin interrupción en La Araucanía, el Gobierno cambió de rumbo y declaró que solo en dicha región no la aplicaría.

Pero en ningún punto del territorio nacional se justifica que la autoridad renuncie a un instrumento jurídico fundamental, que data de 1984, pero fue reformado en los años 2003, 2005, 2010 y 2011, de modo que responde a criterios plenamente democráticos. La democracia misma es puesta en riesgo grave si tales actos no son sancionados, y por eso todas las democracias tienen esta normativa, y las más avanzadas tienden a emplearla con mayor severidad. Los tratados internacionales no solo la aceptan, sino que obligan a los Estados a contar con una adecuada para hacer frente a la amenaza terrorista. En nuestro continente, ocurre así en especial a partir de la Convención Interamericana contra el Terrorismo (Barbados, junio de 2002). Y la ciudadanía tiene el derecho básico a exigir que el Estado, que existe para garantizar la seguridad pública, emplee los instrumentos legales específicos frente a actos que el sentido común evidencia como terroristas, y de los que puede resultar víctima cualquier persona, y no solo agentes del Estado. Renunciar al empleo de estas normas es, precisamente, un aliciente para quienes buscan justificarlos por sus particulares visiones sobre la sociedad.

Desgraciadamente, en julio pasado un atentado contra el metro -un artefacto explosivo detonó dentro de un carro en la estación Los Dominicos- lo probó una vez más. El Gobierno anunció entonces medidas que no han mostrado hasta ahora efecto alguno. El grave aumento de ataques por grupos extremistas y antisistémicos en sitios y horas de atención al público mediante artefactos explosivos demuestra la casi nula eficacia disuasiva de la legislación penal vigente para prevenir estas conductas y sancionar a los culpables. Su objetivo sistemático y premeditado trasciende los delitos comunes. Solicitada su aplicación reiteradamente por el Ministerio Público, en casos emblemáticos los tribunales la han desestimado, aduciendo falta de pruebas o elementos objetivos y específicos de convicción de intención terrorista en su perpetración, enmarcando estas conductas o reconduciéndolas hacia otros tipos penales. Pero la ciudadanía no se llama a engaño. Es obvio que, cualquiera sea el móvil inmediato aparente, en los designios de estas conductas y en su planificación previa no importan las víctimas ni los blancos, sino el mensaje y las acciones de propaganda, agitación e intimidación que suponen.

Las erráticas señales de la autoridad tuvieron un hito elocuente cuando el Gobierno no desautorizó al PC, integrante de la coalición gobernante, tras afirmar su máximo vocero que el terrorismo no puede, a su juicio, ser cometido sino por agentes del Estado. Pero lo sucedido ayer marca un punto de inflexión, que hasta los propios comunistas han admitido para corregir su calificación. Hoy todo chileno sabe que pudo haber sido una de las víctimas en esa estación de metro, y que cualquiera puede serlo en cualquier momento por otro atentado similar o peor. Comprensiblemente, este hecho ha sido recogido de inmediato por todos los medios mundiales. La Presidenta Bachelet interpretó bien el sentir ciudadano al denunciarlo como "acto abominable" y anunciar que aplicará la Ley Antiterrorista. El Gobierno tiene ahora la responsabilidad de dar pruebas concretas de que es capaz de lograr resultados.