Señor Director:

El buen funcionamiento de la democracia exige que la relación entre política y dinero sea absolutamente transparente. Solo así se asegura que las decisiones sean tomadas en función del bien común y alejadas de las presiones de grupos de intereses. En caso de que esos vínculos existan, los ciudadanos deben conocerlos para poder votar en forma informada y controlar a sus representantes.

Así lo planteamos muchas veces, junto a algunos entonces diputados, desde antes de la aprobación de la ley sobre transparencia y gasto electoral y en cada una de sus modificaciones. Señalamos, también, con insistencia que los límites a los desembolsos en campañas eran excesivos. Producto de la falta de avances, sistemáticamente voté en contra o me abstuve en muchas de estas disposiciones.

Impulsamos, asimismo, innumerables mociones para prohibir las donaciones de entidades sujetas a fiscalización o control del Parlamento y los municipios, como inmobiliarias, casinos, empresas de servicios básicos y seguridad social. La última y más completa de estas iniciativas, presentada en mayo de 2012, reunió un conjunto de temas, entre los que se destacan dos de los que ahora han resurgido con la aprobación de la indicación de los diputados Jackson y Mirosevic, en el marco del fin del binominal: la prohibición de donaciones de personas jurídicas y el fin de los aportes reservados.

Estoy plenamente de acuerdo con lo aprobado y respaldaré que se mantenga en el texto de la reforma. Las críticas u objeciones que algunos han planteado, en el sentido de que esto podría hacer que proliferen prácticas menos transparentes, quedarían desechadas aprobando la tercera de las ideas contenidas en el proyecto que patrocinamos, junto con otros diputados. Esto es, que quien incurra en anomalías graves de este tipo, derechamente, pierda el cargo. Sin ambigüedades, sin dudas.

Otro tema, hasta ahora ausente de la discusión, y que promoveré, es la regulación de los denominados aportes anónimos, que son tan secretos como los reservados. Si se consideran estos, la situación de falta de transparencia de las cuentas de las candidaturas es en muchos casos aún mayor. Nuestra propuesta es que, por su naturaleza, solo estén exentos de la intermediación del Servel, pero que deban ser siempre registrados y sus aportantes, conocidos.

La enorme desconfianza de los ciudadanos hacia la política requiere hoy pasos decididos hacia la transparencia y control con medidas claras y concretas, como que los aportes provengan solo de las personas naturales, que son las que toman opciones políticas, y que aquellos, tanto anónimos como reservados, sean totalmente públicos.

El principio básico es que se sepa el origen de absolutamente todos los aportes que reciben los candidatos, y el destino de todos sus gastos, existiendo controles ciudadanos e institucionales con sanciones severas a las malas prácticas, que lleguen incluso a la destitución.

A ello debe agregarse la reducción del costo de las campañas. Los límites de gasto siguen siendo excesivos y deben ser revisados, pues condicionan en forma importante la elegibilidad de los candidatos. No solo el sistema binominal desequilibra la cancha.

Carlos Montes
Senador PS