Se desprende del último informe del Banco Central que la desaceleración por la que atraviesa la economía chilena ha ingresado a una fase de alta peligrosidad. Confirmando los indicadores recientes del comercio y de la industria, vaticina un crecimiento del PIB cercano al 2% -otra vez inferior a sus anteriores proyecciones-, muestra que lo que inicialmente fue solo un retraimiento en las inversiones, ahora se extiende al componente más gravitante en la actividad económica, el consumo. Cabe prever por tanto que en los próximos meses veamos detenerse también la generación de empleos y elevarse la cesantía. Todo parece indicar que la economía chilena ha sido arrastrada al borde de la recesión.

Como suele ocurrir en política, el debate últimamente ha estado centrado en la más o menos inoficiosa cuestión acerca de si la responsabilidad por lo ocurrido deba ser atribuida al presente gobierno o al anterior. Las estadísticas muestran que, efectivamente, la inversión comenzó a debilitarse desde fines del 2012, probablemente a causa de los temores que entonces surgieron respecto del futuro del cobre y también como resultado de los injustificados retrasos en las autorizaciones ambientales a proyectos claves en energía y minería. Pero, lejos de amainar, el fenómeno ha adquirido últimamente más intensidad y propagado hacia toda la economía. Sostienen la Presidenta Bachelet y sus ministros que ello estaba previsto. Doble sería entonces el error de echar a andar una agenda de Gobierno que no solo daña nuestro potencial de crecimiento a mediano plazo, sino que causa a corto plazo paralizante incertidumbre.

La buena noticia es que, como lo sugiere el acuerdo tributario, el Gobierno parece estar empezando a tomar conciencia del riesgo de arruinar su popularidad con una recesión. En mi opinión, en las circunstancias actuales, no es mucho lo que pueden ayudar las sucesivas rebajas de intereses que anuncia el Banco Central; tampoco espero mayor impacto del eventual giro a un presupuesto fiscal más generoso o de la capacidad reactivadora de los créditos de BancoEstado, que está obligado a cuidar su patrimonio. En cambio, una revisión a fondo de la estrategia de reformas que promueve el Gobierno para, así como se ha hecho en lo tributario, corregir sus efectos más críticos puede levantar las expectativas y poner a Chile nuevamente en marcha.

La historia enseña: también Chile se sumió en un bajón en 1990, cuando el recién inaugurado gobierno de Aylwin impulsaba importantes cambios. Pero supo a tiempo seleccionar sus prioridades, negociar con la oposición, aprobar reformas consensuadas y adherir al modelo económico, por ejemplo, rebajando los aranceles aduaneros en 1991. El crecimiento del PIB, muy decaído en 1990, saltó a 8% en 1991 y a 12% en 1992. La economía responde con celeridad a las señales, las buenas y las malas.