A los que firmamos esta carta nos asiste la convicción de que Chile no debe tener gratuidad universal en la educación superior, por cuanto sería regresiva desde el punto de vista de la distribución de los ingresos. Lo señaló el informe "Tertiary Education in Chile", publicación conjunta de la OCDE y del Banco Mundial el 2009, al decir: "Los sistemas de educación superior de América Latina que continúan bajo la gratuidad son probablemente más regresivos por la alta proporción de estudiantes de familias ricas que obtienen acceso a las universidades públicas de mayor prestigio, sin contribuir a cubrir su costo".

Creemos que se debe profundizar la política de financiamiento estudiantil para que ningún joven con la voluntad y los méritos, aunque sin los recursos, quede al margen del sistema. Es en ese sentido que entendemos la educación como un derecho que la sociedad no puede negar a nadie que reúna tales características. Pero no nos parece que contribuye a la equidad social que quienes provienen de familias de altos ingresos puedan acceder a estudios superiores sin pagar los costos de educarse, en virtud de un subsidio público financiado con rentas generales de la nación.

La medida de esta inequidad queda de manifiesto al constatar que de acuerdo a la encuesta Casen 2011, al considerar el gasto neto de ayudas del Estado en la educación superior, la gratuidad para un estudiante del decil más pobre significaría, en promedio, un subsidio público adicional de $ 675.000 por alumno, en tanto que para el decil más rico sería casi cuatro veces más: de $2.471.000.

Por otra parte, la gratuidad no asegura calidad, e incluso no es descartable que la calidad se deteriore si la gratuidad, al suponer un aporte fijo del Estado para pagar la docencia, deja desfinanciadas a instituciones que desean invertir en mayor calidad. Creemos que es importante que las instituciones tengan libertad para obtener recursos adicionales de otras fuentes; desde luego, de aquellos que pueden pagar el costo de educarse. De igual modo, compartimos la necesidad de velar por el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro en las universidades, de tal suerte de agregar como una fuente de recursos la reinversión de los excedentes.

En los próximos meses el Gobierno enviará un proyecto de ley sobre gratuidad en la educación superior. Hacemos un llamado a sus autoridades así como al mundo político para reflexionar a fondo sobre sus alcances. La Presidenta Bachelet ha señalado que bajo su mandato se avanzará en gratuidad hasta el 70% de menores ingresos, dejando por ley instaurado el 100% para el 2018. Creemos que la discusión de la ley en el Parlamento debiese acotarse solo a este 70%, poniendo hincapié en que la ayuda del Estado debe focalizarse en los sectores más vulnerables, lo que puede significar incluso ir más allá de ese porcentaje, pero cautelando el que los sectores más ricos queden al margen de un esquema de subsidios públicos. Finalmente, nos parece crucial que al financiamiento del costo de educarse se añada un aporte en becas que financie gastos de alimentación y transporte de jóvenes que abandonan los estudios debido a estas carencias.

Mariana Aylwin
Joaquín Lavín
Juan de Dios Vial C.
Eduardo Aninat
Hugo Lavados
Andrés Bianchi
Bruno Philippi
Gonzalo Edwards
Ignacio Irarrázaval
Francisco Rosende
Claudio Sapelli
Benjamín Villena
José Pablo Arellano
Carolina Schmidt
Pilar Armanet
Javier Etcheberry
Rolf Lüders
Vittorio Corbo
Rafael Bergoeing
Ronald Fischer
Jorge Manzi
Joseph Ramos
Ernesto Tironi
Carlos Williamson
Harald Beyer
Luis Riveros
José Joaquín Brunner
Alejandro Ferreiro
Felipe Morandé
Arturo Fontaine
Andrea Butelmann
Francisco Gallego
Francisco Javier Núñez
Klaus Schmidt-Hebbel
Sergio Urzúa
Claudia Martínez Alvear
Sergio Molina
Pedro Pablo Rosso
Cristián Larroulet
Felipe Larraín
Jorge Rodríguez G.
Eugenio Tironi
Fernando Coloma
Pablo González
Ricardo Paredes
José Miguel Sánchez
Bernardita Vial