En julio pasado, un grupo de narcotraficantes fue detenido con tres toneladas de droga. A fines de agosto, la Fiscalía Sur y la PDI detuvieron en la Ruta 5 a otra banda que transportaba 2,4 toneladas de cocaína, pasta base y marihuana bolivianas desde Calama, que eran esperadas en Santiago por al menos 10 proveedores para comercializarlas en Fiestas Patrias. Los traficantes actuaban disfrazados de trabajadores mineros, usaban tecnología de vanguardia, armamento, una fachada de "empresa minera", uniformes de trabajo, vehículos especiales -incluso un camión con tolva y tres camionetas de las que típicamente se emplean en la minería, comprados en efectivo-, teléfonos satelitales, códigos para comunicarse por radios y teléfonos, aplicando una serie de técnicas de contravigilancia para no ser detectados. Para refugio y centro de acopio tenían una confortable casa en Vicuña, con sala de juegos y jacuzzi, lo que denota su alto y sofisticado nivel de organización, el monto de recursos de que dispone, y el ánimo evidente de constituirse como una actividad permanente en nuestro país. Y ayer se dio a conocer un decomiso de 1,2 toneladas de pasta base y marihuana detectada en la plaza de pesaje de Lampa. La droga venía desde Arica, oculta entremedio de un cargamento de cebollas.

Así, en 52 días se han decomisado 6,8 toneladas de droga, superando al total de los decomisos de 2013. Ya no se trata de algunos kilos, sino de toneladas. Las bandas a cargo de la compra, transporte y distribución mayorista de la droga transitaron centenares de kilómetros por territorio chileno, y programaban vender altos volúmenes de ella.

Las operaciones de interceptación del Ministerio Público e Investigaciones reflejan un importante esfuerzo de indagación policial, pero la magnitud cobrada por el problema no puede tranquilizar a la población. Entre otras razones, porque si esta es la envergadura de lo detectado, cabe preguntarse cuánto será lo que no lo es.

Una faceta del mismo es la vecindad con Perú y Bolivia, dos de los mayores productores de sustancias ilícitas. El primero colabora con Chile en esta materia más allá de tensiones en otras áreas. La segunda no lo hace, se niega a proporcionar estadísticas (si las tuviere) y su voluntad de no cooperación internacional queda graficada por la expulsión por el Presidente Evo Morales del Departamento Antidroga de EE.UU. (DEA), en 2008. Ante esto, las extensas fronteras chilenas se han probado vulnerables a estas acciones, y todo aconseja multiplicar los esfuerzos para reforzarlas, particularmente mediante el plan Frontera Norte. Y, dada la gravedad de las evidencias, no cabe descartar una coordinación con las capacidades de vigilancia del Ejército. Si bien él debe permanecer ajeno al combate antidroga, dispone de tecnologías avanzadas que podrían contribuir al mismo.

Otro aspecto alarmante es que tales organizaciones disponen de ingentes sumas de dinero (las operaciones desbaratadas suponen inversiones de un par de millones de dólares), y eso crea el riesgo de que puedan corromper a funcionarios y contratar bandas criminales para su intermediación. La experiencia internacional prueba que ellas pueden enquistarse en policías, aduanas, en la justicia y la sociedad civil, con lo que no solo abastecen masivamente la drogadicción, sino también desencadenan violencia y corrupción. Algunos gravísimos hechos delictivos recientes alertan de que eso puede ya estar ocurriendo en Chile.

Además, cabe el temor de que la acción de fiscales y policías solo alcance a los autores materiales de rango menor, pero permanezcan intactos y operando los responsables finales y sus redes en Chile y en el exterior.

Nuestro país está ante un reto de dimensiones inéditas, que obliga a reflexionar sobre los actuales instrumentos para enfrentarlo con éxito. Las autoridades deben resolver qué directrices han de sentar para contrarrestar este incremento que no es ya solo cuantitativo, sino también cualitativo.