Señor Director:

La compañía CCU desiste de instalar una planta en Paine y lo explica señalando en edición de “El Mercurio” del viernes 29 de agosto: “Aprendimos que los proyectos hoy no se validan solo frente a una institución […] debemos ser capaces de presentarlos, defenderlos y convencer con ellos a la población”.

Los conflictos socio/medioambientales son crecientemente frecuentes y esa tendencia se mantendrá en el futuro. Por ser conflictos de intereses y derechos entre distintos actores en el territorio, o de no cumplimiento debido a las regulaciones del área respectiva, derivan —por fuerza— a instancias de revisión jurisdiccionales o administrativas, concluyendo a menudo en revocaciones y vueltas a fojas cero, con la consiguiente alteración de los plazos y montos involucrados.

No tiene por qué ser así. ¿Por qué aún las capacidades previsoras y planificadoras, propias del ser humano, que permiten evitar y mitigar lo no deseado y avanzar tras un propósito, no se aplican a la gestión del territorio y a la interacción en este entre las actividades productivas, el medio ambiente y la comunidad?

Los conflictos en curso y los consiguientes inciertos plazos, costos y resultados son consecuencia de una evitable imprevisión y, en concreto, de la ausencia de una planificación, gestión e intervención en el territorio lúcida e informada.

Era y es totalmente posible prever los conflictos que suscitará un proyecto si se conocen con exactitud, anticipadamente, las condicionantes regulatorias y sociales relacionadas, precisamente, con un determinado proyecto. Basta con georreferenciar cada proyecto en relación con los bienes y sujetos de derechos relacionados, analizados sistemáticamente y jurídicamente bien interpretados.

Algunas empresas privadas y centros de estudio universitarios hace ya algunos años han integrado, en un análisis de conjunto, las variables territorio, medios productivos y medio ambiente como componentes inseparables y sinérgicos para el asentamiento y el desarrollo humano, y han integrado las áreas de derecho, arquitectura, geografía y sistemas de geoinformación considerando la normativa nacional e internacional.

Esos análisis, científicamente predictivos, permiten mitigar o evitar distintos impactos y logran hacer eficiente y eficaz un proyecto o una política pública.

Se puede así pasar de un proyecto de impacto negativo y rechazado a uno de impacto positivo, comprendido, aceptado e impulsado por la comunidad involucrada, actor indiscutido en los tiempos actuales.

Clara Szczaranski
Decano Facultad de Derecho
Fernando Marín
Decano Facultad Arquitectura, Diseño y Construcción
Universidad Mayor