Las tareas de un gobierno no se limitan a la ejecución de un programa de reformas previamente comprometido en campaña. El ejercicio diario de su rol le impone retos cuya dimensión e importancia política pueden incluso exceder las de aquellas iniciativas. Un ejemplo es la seguridad pública y el deber de garantizarla. Esta es una de las funciones básicas del Estado moderno, tanto por su incidencia en la vida cotidiana de las personas como por el impacto gravitante que tiene en la imagen del país. Al respecto, hechos acaecidos durante las últimas semanas constituyen preocupantes campanadas de alerta.

Desde luego, el asalto ocurrido en el aeropuerto de Santiago hace 15 días evidenció cómo autoridades altamente calificadas simplemente no habían pensado en el tema de la seguridad terrestre en un recinto que hoy se muestra en extremo vulnerable. Y si ese hecho dio cuenta de importantes capacidades organizativas, de planificación y de manejo de recursos por parte de grupos delictuales, mayores aún fueron las exhibidas por el grupo narco detectado a principios de julio en Los Vilos, que logró simular toda una operación minera, gastando una suma estimada en cien millones de pesos, para encubrir sus actividades. Esta semana, a su vez, el baleo de un auto en movimiento realizado desde una moto y que dejó como saldo la muerte de una mujer, en un aparente ajuste de cuentas, ha mostrado prácticas criminales hasta ahora desconocidas en Chile, como las ejecutadas por sicarios en la violenta Colombia de las décadas de 1980 y 1990.

En un ámbito distinto, tras las primeras medidas adoptadas para enfrentar el robo de cajeros automáticos, los delincuentes han desarrollado nuevos métodos, como el de las explosiones con gas, cuya habitualidad sorprende. Resultado de esto, la ciudadanía ya sufre los efectos de la merma de estos dispositivos, cuya cobertura y buen funcionamiento eran hasta hace poco una preciada característica del país.

Un estado a la zaga

En contraste con este continuo desarrollo de las técnicas delictivas, las acciones del Estado parecen quedar a la zaga. Casi risible es que recién ayer haya comenzado en La Araucanía la televigilancia permanente de la Ruta 5 por parte de Carabineros, después de un año y medio de anuncios sobre la instalación de cámaras.

Una actividad criminal que muestra crecientes niveles de sofisticación no puede ser enfrentada por policías de características solo operativo-represivas; la capacidad de inteligencia sigue siendo un déficit hasta ahora no resuelto. Los pobres resultados en la persecución del violentismo de cuño anarquista o la evidencia de sectores urbanos en que bandas organizadas imponen sus reglas, desafiando al Estado de Derecho, son otras manifestaciones de un problema que apremia.

Acuciante desafío ha de ser este para el ministro del Interior, cartera no solo responsable de la conducción política del Gobierno, sino también del orden público, que con razón ha admitido el significado de que varios países hayan alertado a sus ciudadanos que planean visitar Chile de la ocurrencia de atentados anarquistas y delitos comunes con artefactos explosivos.

La voz de Lagos

Ha habido equívocos a propósito de la aplaudida intervención del ex Presidente Lagos en Icare. No es la simpatía -o "amor"- que suscite entre los empresarios la figura de un líder político lo que determina sus decisiones de materializar proyectos o inversiones, sino la existencia de una adecuada estructura de incentivos y de un clima país que despeje incertidumbres; eso es precisamente lo que hoy se demanda de la autoridad y que hasta ahora las medidas anunciadas por Hacienda no terminan de lograr. Paradójica es, por otra parte, la diferencia entre la respetuosa reacción pública de La Moneda a las palabras de Lagos y las invectivas que antes provocara una intervención del ex Presidente Piñera, no demasiado distinta, ni en su contexto ni en su preocupación por el rumbo del país.

Al margen de esas consideraciones, la exposición en Icare y la entrevista del ex ministro y ex Mandatario que hoy publica "El Mercurio" son ciertamente relevantes. La ardorosa defensa del sistema de concesiones y de la necesidad de colaboración público-privada, pero sobre todo su insistencia en la necesidad de que cada administración valore lo realizado por sus antecesoras, sin pretender partir de cero, constituyen un llamado de atención hacia la Nueva Mayoría. Lagos reivindica su obra, pero también lo realizado durante 20 años de sucesivos gobiernos concertacionistas, entendiéndolo como un activo que no solo valoran quienes fueron parte de esa coalición, sino que además suscita respeto y confianza en los otros actores.

Se trata de una opción por la continuidad y por la realización de los cambios que sean necesarios dentro de esa continuidad, en oposición al camino de la ruptura y de la refundación, y con la conciencia de que este último puede terminar frustrando las oportunidades que el país ha logrado abrirse. El ex Presidente no parece dispuesto a que quienes pertenecen a su mismo sector político dilapiden los frutos de su gobierno y de los que lo antecedieron. El contraste que por momentos se observa entre las señales de contención que en algunas áreas entrega el actual Ejecutivo y aquellas otras que sugieren una inclinación hacia la radicalidad en el impulso de sus iniciativas torna especialmente oportunas tales reflexiones del ex Mandatario.