Andrea Chaparro

Una denuncia por un presunto fraude tributario presentó ayer el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra los socios fundadores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, en el contexto de una de las aristas del caso conocido como fraude al FUT, que dirige la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona metropolitana oriente. El perjuicio fiscal, hasta ahora, por estas supuestas acciones se calcula en cerca de $400 millones.

El servicio les atribuye a los controladores del grupo la utilización de boletas de honorarios falsas emitidas por sus cónyuges para disminuir la base imponible del impuesto a la renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada, de la que son sus representantes.

"Se ha denunciado (por parte del SII) el uso de boletas ideológicamente falsas en la contabilidad con el fin de obtener rebaja en los pagos de impuestos", confirmó el fiscal Carlos Gajardo, quien anunció además que en los próximos días se decretarán las diligencias correspondientes para esclarecer estos hechos.

El fiscal Gajardo comentó también que si durante la indagatoria es posible acreditar la situación denunciada por el SII, "eventualmente podrá ser llevada a tribunales mediante una formalización (de cargos) y, luego, con un proceso normal de investigación, que puede terminar en sentencia condenatoria".

Parte de los antecedentes contenidos en la denuncia del servicio era conocida por la fiscalía, pues surgieron de las diligencias realizadas por el caso FUT. Al estimarse que podían ser constitutivos de delito, el Ministerio Público informó al SII.

"Es importante aclarar que los delitos tributarios solo pueden ser investigados cuando hay una denuncia o querella del SII, que es lo que ha ocurrido hoy respecto de estos hechos", apuntó el fiscal.

La acción penal se suma a la presentada el 29 de julio pasado contra el ex directivo del grupo Hugo Bravo. En su caso, el SII acusaba la obtención de devoluciones de impuestos indebidas mediante maniobras fraudulentas, las que habrían provocado un perjuicio fiscal que inicialmente se estima en unos $260 millones.

La denuncia

Además de los controladores del grupo y sus cónyuges, el SII también individualiza en la denuncia a Marcos Castro S. -contador de Penta y de sociedades de Bravo- y a Samuel Irarrázaval L. (yerno de Délano), en su calidad de representantes legales de Inversiones Penta III Ltda. e Inmobiliaria Los Estancieros S.A., respectivamente, y reitera el nombre de Bravo, también como representante legal de estas firmas, además de las suyas de Inversiones Challico Ltda. y Santa Sarella Ltda., incluidas en la denuncia anterior.

En la acción, el SII solicita que se investigue a los socios fundadores del grupo y a su contador como "autores de los delitos previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4, inciso primero, del Código Tributario, referido a la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, o al empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas".

A las mujeres de los empresarios e Irarrázaval, en tanto, por facilitar el delito mediante "la entrega de boletas de honorarios falsas que fueron ingresadas a la contabilidad de las empresas Penta III y Los Estancieros, por trabajos que nunca realizaron, hecho sancionado en el inciso final del mismo artículo", consigna la denuncia.