La abrupta desaceleración que vive la economía nacional está causando preocupación en las esferas de gobierno. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, en entrevista concedida a este diario, ha llamado a una "alianza estratégica público-privada para justamente enfrentar esta desaceleración en todas sus dimensiones".

Reconoce el timonel del equipo económico que "las cifras siguen lentas" y que es necesario entregar "certidumbre y estabilidad" como la que -en su opinión- entrega el marco tributario aprobado transversalmente en el Senado. Declara que más allá del rol que le cabe a la política fiscal, el Gobierno tiene clara conciencia "del papel insustituible del sector privado para empujar el crecimiento de la economía", lo cual, agrega con mucha razón, requiere de "reglas claras". Dinamizar la economía -informa- "es la principal prioridad que ha tenido este ministro de Hacienda". Tras esas declaraciones, en reunión con parlamentarios de la Nueva Mayoría, ha reiterado la intención del Gobierno de agilizar los trámites que están retardando el avance de inversiones privadas cuantiosas y productivas.

Es positivo que el Gobierno asuma el diagnóstico, compartido por muchos especialistas, de que al menos parte de la explicación del inquietante devenir de la actividad económica se origina en el desaliento de las expectativas de los empresarios y los consumidores. Hasta ahora parecía demasiado confiado en la capacidad de la política fiscal convencional para estimular la economía. Así, le ha conferido gran importancia a la plena ejecución del presupuesto fiscal vigente, que permitiría una fuerte expansión del gasto público en lo que resta del año. Pero tratándose de desembolsos para proyectos ya adjudicados o en construcción, y por tanto incorporados en los planes de gasto de los respectivos contratistas, es dudoso que pudiesen surtir mayor efecto. Un giro expansivo en el presupuesto fiscal del próximo año, que contara con financiamiento adicional por alrededor de 1% del PIB proveniente de la reforma tributaria, podría resultar más efectivo, pero movilizar al aparato estatal toma tiempo y su impacto económico suele retardarse otro tanto. Lo mismo puede decirse de la decisión gubernamental de capitalizar a BancoEstado para emplearlo como palanca reactivadora.

Por otra parte, el ministro Arenas ve en las anunciadas agendas de energía y productividad -que contienen elementos valiosos- "un abismo de diferencia respecto de lo que había con anterioridad" y supone que ello contribuiría a dinamizar la economía. Pero las encuestas que recogen la opinión empresarial no se condicen con su optimismo. Mientras tanto, el Gobierno parece haber paralizado la tramitación legal de muchas de las iniciativas que en ese mismo sentido estaba impulsando la pasada administración, algo que resulta difícil de conciliar con una verdadera vocación procrecimiento.

Enfrentar la incertidumbre exigirá un cambio en la estrategia económica que se ha trazado el Ejecutivo, como de hecho ha ocurrido en el campo tributario. Ante una coyuntura externa que se nos ha tornado más adversa, deberá inspirar en los empresarios y consumidores la confianza de que en verdad impulsar el crecimiento y la competitividad es su objetivo prioritario. No contribuye a ello la andanada de "cambios profundos" que ha promovido hasta ahora, los que abarcan los más variados temas, despiertan incertidumbre y en muchos casos lesionan los incentivos y la flexibilidad que exige una economía dinámica. Por ejemplo, ante la pregunta sobre la conveniencia de las reformas laborales anunciadas, especialmente en una economía desacelerada y con un desempleo en aumento, el ministro reitera la decisión del Gobierno de cumplir con lo programado, aunque -asegura- ello se haría sin causar incertidumbre. Para despejar los temores y levantar los ánimos empresariales es probable que se requiera algo más.