Es evidente que la delincuencia no está siendo reducida al ritmo ni a los niveles que serían congruentes con el desarrollo que ha alcanzado Chile, y sus múltiples y crecientes manifestaciones alarman -con obvio fundamento y transversalmente- a toda la población, como lo confirman una y otra vez las encuestas de diversa autoría. La experiencia mundial muestra que esa percepción tarde o temprano tiene expresiones electorales, y por eso el incremento de la seguridad pública es una constante en todos los programas presidenciales. Los resultados de las promesas respectivas han sido bastante magros en los sucesivos gobiernos desde 1990 hasta ahora, sin lograr revertir sustancialmente la tendencia al alza. No obstante, es positivo que la actual administración haya cobrado conciencia de lo indispensable que es atender en forma condigna un problema semejante, y que presentara, la semana pasada, un nuevo plan de seguridad con un presupuesto de 1.200 millones de dólares, cuyos pilares son el reforzamiento del Ministerio Público y de las policías. La mayor asignación iría al primero, ante la comprobación de que las estimaciones de dotación y carga de trabajo consideradas en los años 90, al estudiarse la reforma procesal penal, han sido superadas por la realidad. Por tanto, se ampliaría la planta de fiscales y funcionarios en al menos 300 plazas. Dicha asignación, sin embargo, iría asociada a poder consensuar entre el Ejecutivo y dicho ente autónomo algunos indicadores adicionales, como rendimiento, desempeño y calidad de trabajo, más el reforzamiento de la persecución penal y la obtención de mejores resultados que los actuales, uno de los cuales sería la reducción de los archivos provisionales. En síntesis, el incremento de funcionarios y recursos estaría condicionado a un análisis de gestión y desempeño, en función de una comprobada mayor eficacia en la persecución penal.

Es una fórmula que se viene discutiendo cuando menos desde 2007, bajo el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, y que ha sido objetada reiteradamente por el Ministerio Público, que ha tendido a entender esa sujeción a determinado cumplimiento de metas -lo que supone una evaluación por una instancia externa al ente- como una forma de fiscalización no prevista por el ordenamiento constitucional y legal, que atentaría contra la autonomía de aquel. Empero, en la práctica, que el Ejecutivo y el Ministerio Público puedan consensuar ciertas metas globales no parecería incompatible con la independencia de los fiscales para conducir la respectiva persecución penal específica a que estén abocados. En lo jurídico, esto bien podría ser un resultado de la comisión coordinadora de la justicia penal, en la que, por mandato de la ley, las cabezas de todas las instituciones vinculadas a esta área pueden reunirse y acordar las acciones que estimen conducentes a superar los problemas que detecten. Lamentablemente, este órgano ha sido desaprovechado por los sucesivos gobiernos.

Tras el anuncio comentado, las anteriores objeciones a esta relación entre mayores recursos y mejor rendimiento del Ministerio Público no han sido planteadas hasta ahora con el vigor que se observó en ocasiones pasadas, sin perjuicio de las declaraciones del fiscal nacional respecto a que cualquier trabajo conjunto con la subsecretaria de Prevención del Delito debe respetar la autonomía institucional de la ficalía. Posiblemente, hay aquí una apertura a las exigencias que plantea la realidad delictiva. En todo caso, es de suponer que la evaluación a que se someta el rendimiento de las fiscalías en modo alguno se distorsionará por razones que no sean técnicas. Por eso, el evaluador no debería ser una dependencia del Ejecutivo. Cabe presumir que cualquier desviación hacia motivaciones ideológicas u otras sería de inmediato representada por el Ministerio Público. Es de suponer, igualmente, que el Ejecutivo empleará extrema prudencia al demandar mayor eficacia y eficiencia, sin transgredir jamás el límite de la autonomía del Ministerio Público. Y, en fin, es esperable que, de recibir mayores recursos, el Ministerio Público podrá mostrar efectivamente mejores resultados, introduciendo mejoramientos en sus sistemas de gestión.