Dos listas se encuentran en competencia para llenar la presidencia y los ocho cargos de director de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), que agrupa aproximadamente a 1.200 jueces, secretarios y ministros de corte del país. La lista que pareciera ser de continuidad se presenta bajo el lema de "Una ANM para todos" y, a juzgar por las declaraciones de sus candidatos, persigue en primera línea objetivos gremiales, desde el mejoramiento de las condiciones materiales de trabajo hasta el régimen de permisos y jubilación. La lista contendora se autodenomina "Los sospechosos de siempre" y no pocos de sus simpatizantes han llamado la atención de la opinión pública por el contenido a primera vista político de sus fallos o las expresiones y opiniones polémicas vertidas en ellos. Esta lista representa además la búsqueda de modificaciones radicales en la carrera judicial, cuyo diseño constitucional y legal vienen trabajando desde hace tiempo con ayuda de técnicos y políticos. Ambas listas proponen, en definitiva, reforzar la independencia de los jueces, promoviendo la obtención de una cierta tranquilidad en la carrera funcionaria.

El fenómeno asociativo entre los magistrados es valioso y delicado a la vez. Es fundamental para el funcionamiento del Estado que la administración de justicia esté en manos de personas especialmente competentes y satisfechas con las condiciones materiales y ambientales en que desempeñan su trabajo. La ANM podría jugar un papel importante en esta materia, en la medida en que sea una instancia de diálogo y, por ejemplo, se canalicen a través suyo las inquietudes de los funcionarios que se desempeñan en regiones. Este rol debe conjugarse, sin embargo, con la estructura jerárquica del Poder Judicial, al menos mientras ella se encuentre vigente en la forma en que la conocemos hoy. Es posible que el auge del movimiento asociativo en la judicatura obedezca en parte a una falta de canales operativos de comunicación entre los ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, y entre ellos y los jueces de primera instancia. Si así fuera, existiría un problema de gobernanza interna en el Poder Judicial que la asociatividad gremial no haría más que exacerbar. Para la ciudadanía resultaría incomprensible, por ejemplo, que en un tema complejo y que afecta a la judicatura fuera la ANM y no la Corte Suprema la que expresara el sentir de los magistrados. Más incomprensible aún sería que hubiera expresiones discrepantes.

En cualquier caso, es una muy buena noticia que el foco de las preocupaciones gremiales esté puesto en la independencia. En esta línea, y junto con la estabilidad y tranquilidad en la carrera funcionaria, sería deseable que se valorara con mayor cuidado la calidad de la formación jurídica continuada. Si ella no se cultiva en la medida necesaria, ni siquiera la carrera mejor diseñada impedirá que ganen terreno el prejuicio y el amiguismo.