La Presidenta Bachelet anunció en Chillán, durante la celebración del natalicio de Bernardo O'Higgins, el envío del proyecto de ley que crearía la Decimosexta Región de Ñuble. Dicho proyecto estaría listo en unos cinco meses, y corresponde a una vieja aspiración de la comunidad, y al cumplimiento de una promesa de campaña.

Sin embargo, cabe preguntarse cuál es el objetivo que se persigue dividiendo administrativamente el territorio cada vez más y, asimismo, si ese objetivo produce beneficios para el país, o para la nueva región. El objetivo no puede ser la creación de riqueza, pues el establecimiento de nuevas autoridades regionales (intendente y seremis), así como los puestos de trabajo asociados y la infraestructura que requiere ser construida, claramente no parecen ser suficientes como para generar valor. Por el contrario, esos recursos podrían tener un mejor fin en proyectos de inversión que en burocracia y edificios. Si el objetivo es que los problemas locales los resuelvan autoridades locales sensibles a ellos, y si ese razonamiento fuese el correcto, entonces habría que dividir el territorio en unidades cada vez más pequeñas, lo que parece absurdo. Por lo demás, ya hay divisiones más pequeñas, como las provincias, cuya función resulta cada vez más incomprensible para la población.

Ese argumento se podría llevar al límite eliminando todas las divisiones intermedias -regiones y provincias- y dejando a los municipios como las únicas divisiones administrativas del territorio, cuyo tamaño permitiría a su población sentirse más cercanamente representada por sus autoridades. Sin embargo, la dispersión de municipios, casi 350 en la actualidad, impediría lograr la coherencia y unidad de propósito que se requiere para problemas que superan ese tamaño. Otra opción sería disminuir el número de regiones a cuatro o seis macrorregiones, cuyo tamaño les permita competir más efectivamente por atraer recursos e inversión, y tener cierta autonomía para optar por soluciones propias, no necesariamente válidas para otras.

En la actualidad, la ley no ha resuelto adecuadamente las relaciones entre el intendente y los seremis -la autoridad regional del primero frente a los segundos, que dependen de sus respectivos ministerios centrales-, lo que se agravaría con intendentes eventualmente electos. Más regiones solo agudizan el problema y, además, disminuyen la fuerza que cada una de ellas pudiera tener ante el gobierno central. El camino de aumentar las regiones no está bien pensado, y más parece una cesión populista a anhelos mal comprendidos por la población.