Serias repercusiones para las relaciones entre Chile y Perú está produciendo el Decreto Supremo que establece la Carta del Límite Exterior del Perú, que estipula el comienzo de la frontera terrestre con Chile a continuación del denominado Punto Concordia, en vez del Hito Nº 1, pretendiendo dejar bajo el dominio peruano el llamado triángulo terrestre, de alrededor de cuatro hectáreas yermas, al sur del hito mencionado.

El decreto y las correspondientes declaraciones del Presidente Humala dañan la confianza de Chile en el compromiso de Perú de materializar de buena fe la delimitación marítima conforme a lo dispuesto en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. La situación ha ido escalando riesgosamente para los lazos bilaterales. Desde una nota de reserva enviada por la Cancillería chilena al conocer la publicación de las líneas de bases peruanas que contenía similar referencia al Punto Concordia; seguida de los acuerdos unánimes del Senado y de la Cámara de Diputados que instan al gobierno chileno a enviar una nota de protesta por semejante mención en la Carta reciente, que consideran engañosa y provocadora; más el anuncio de una marcha peruana para ingresar al triángulo terrestre, manifestación similar a lo que alentó el mismo Humala en su campaña presidencial anterior; para concluir con voces chilenas que abogan por detener y revisar la implementación del fallo mientras no exista pleno acuerdo sobre los límites y el documento que deben enviar las partes a la Organización de Naciones Unidas con las coordenadas correspondientes a lo dispuesto por la Corte.

Aunque la Cámara y el Senado no pueden imponer al Gobierno el envío de una nota de protesta, sus acuerdos son indicativos del agravio que expresan los legisladores, al igual como son los llamados para suspender la aplicación del fallo.

Hasta recientemente el proceso se había conducido con plena normalidad. Técnicos chilenos y peruanos coincidían en la medición, proyección y representación de las líneas de base y coordenadas para fijar el nuevo límite marítimo establecido por la Corte y en la determinación del punto de intersección del paralelo que atraviesa el Hito Nº 1 con la línea de la más baja marea, que constituye el inicio de la frontera marítima. Luego Perú procedió a legislar para readecuar su frontera marítima que consideraba equivocadamente como punto de partida de la delimitación el denominado Punto 266 o Concordia, ubicado aproximadamente 200 metros al sur del Hito Nº 1, que fuera reemplazado, por disposición de la Corte, por el paralelo que atraviesa dicho hito. Se sabía de los inconvenientes y ambigüedades peruanas en la adaptación de su legislación marítima a la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que garantiza a Chile el derecho, entre otros aspectos, a ejercer las libertades de navegación y sobrevuelo sobre la Zona Económica Exclusiva peruana, igualmente como lo garantiza para Perú sobre la Zona Económica Exclusiva chilena. Lo inexplicable y agraviante es que en este proceso Perú sorprenda y se extralimite incorporando el triángulo interior, que nada tiene que ver con la implementación del fallo, lo malinterprete y plantee la discordancia entre el Punto Concordia y el límite derivado del Hito Nº 1, lo que nunca planteó durante el juicio en La Haya.

El proceso delimitatorio debió haber puesto término a todas las controversias limítrofes entre Chile y Perú, realizarse de buena fe y siguiendo la sugerencia de la Corte en cuanto a que las partes lo materializaran "en un espíritu de buena vecindad". Es lo que no está ocurriendo por causa del Perú, que plantea un nuevo e innecesario conflicto, con adversas consecuencias para las relaciones bilaterales. Chile y Perú han llevado de manera correcta el juicio de delimitación marítima. A sus gobiernos les cabe y pueden actuar con responsabilidad para resolver la controversia sobre el triángulo interior. Sus pueblos así lo esperan.