Recientemente, sindicatos de Codelco y un ex director de esa empresa se han enfrascado en un intenso debate sobre los problemas de la misma. Los sindicatos se exculpan de toda responsabilidad en ellos, pero su contradictor provee ejemplos que muestran cómo rigidizan el funcionamiento, impiden que se despida a malos trabajadores o incluso a quienes no trabajan y obtienen beneficios que se traducen en un costo de salud de 10.000 dólares por trabajador al año. Los sindicatos no han logrado dar buenas razones para esto, salvo señalar que ellos defienden a los trabajadores, aun a costa de la salud financiera de Codelco. Por eso, en entrevista reciente, el nuevo gerente general de la empresa ha advertido que los sindicatos deberán moderar su actuación, pues "si los sindicatos no hacen su parte, no hay futuro en Codelco" .

Para seguir siendo competitiva, Codelco debe invertir en nuevos proyectos, ya que una combinación de factores ha elevado el costo de sus yacimientos actuales. En parte, son problemas técnicos: de agotamiento de las minas, o alzas de costo al tener que recorrer grandes distancias para extraer el mineral (caso de Chuqui), o el precio de la energía que amenaza a toda la minería. Pero a estos problemas contribuyen los sindicatos. Inflexibilidad laboral, trabajadores que no pueden ser despedidos y cobran salarios aunque ya no tengan tareas, altísimos sueldos, amenazas de huelgas ilegales si no se cumple lo que desean, imposibilidad de adaptar la planta a las necesidades de la empresa, y privilegios inaceptables, como que solo se pueda contratar a parientes de trabajadores, reducen las posibilidades de la empresa a costa de Chile. El sindicato de los supervisores también forma parte de los cooptadores de la estatal (lo que explica su apoyo a los gremios de trabajadores) y desea internalizar más actividades, achacando a la externalización y compra de servicios los males de la empresa. Es una extraña explicación, ya que las demás mineras, que no tienen los problemas de Codelco, externalizan esas y muchas otras tareas.

Por esta razón, Hacienda intentó limitar la capitalización de la empresa, para no perder el control de sus costos. Al respecto es ilustrativo el caso de Chuquicamata: los costos laborales de esa división exceden en un 35% los de la industria, según el ex director. Si la empresa tuviera los costos laborales promedios de la industria -con trabajadores ya muy bien pagados-, el Gobierno y los chilenos tendrían utilidades 76% mayores, es decir, US$ 840 millones en 4 años. El costo laboral promedio de la gran minería del cobre es equivalente al ingreso del 1% más rico. Como no todos los chilenos pueden estar en el 1% superior de los ingresos, el dirigente sindical que defiende sus extracciones declarando que desea esas condiciones para todos los chilenos promete una ilusión.

Ante las amenazas de huelga, el Gobierno ha doblado el monto ofrecido a 4.000 millones de dólares y, dado que la empresa puede endeudarse hasta varias veces su capital, dispondrá de más de 10.000 millones para invertir en sus proyectos, sin que haya certeza de su rentabilidad. No hay ningún mecanismo objetivo para evaluar si son rentables u obedecen a los dictados sindicales, que -como se sabe- no permiten cerrar yacimientos agotados.

Los sindicatos se oponen a la privatización incluso parcial de la empresa, como lo ha hecho Brasil con Petrobras o comienza a hacerlo México con el petróleo. Se oponen a que sus verdaderos propietarios, los chilenos, puedan hacer sentir su voz sobre la empresa, entregándoles directamente, mediante acciones, una parte de su propiedad, hoy solo teórica. La ventaja de esto sería que, legalmente, los directores de una empresa que transa en bolsa (aunque sea solo una fracción de la propiedad) responden ante todos los accionistas. Además, los dirigentes en el directorio tendrían que renunciar a este si antepusieren los intereses del sindicato a los de la empresa.

No se trata de reducir los salarios de los trabajadores, sino de morigerar los abusos que se cometen en la empresa en nombre de proteger el trabajo.