El debate respecto de la reforma tributaria ha dejado de manifiesto la necesidad de contar con instituciones independientes que puedan preparar análisis económicos de alta complejidad. Esto es un elemento fundamental dentro de la institucionalidad de cualquier nación que busque blindar la salud de sus arcas fiscales de malas políticas públicas.

Un buen ejemplo en esta materia lo ofrece la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, conocida como CBO por sus siglas en inglés. Por más de tres décadas, esta institución ha sido responsable de entregar análisis económicos no partidistas, con énfasis en materias fiscales, a los parlamentarios. Sus estudios se caracterizan por un gran detalle en sus cálculos, incluyendo la descripción de las distintas fuentes de información, todo para asegurar la mayor transparencia y objetividad. Adicionalmente, con una dotación de expertos de alto nivel y con reuniones regulares con paneles de asesores externos, que incluyen renombrados académicos de las más prestigiosas universidades, la unidad procura mantener sus estudios al día en cuanto a los avances en las ciencias económicas, generando un sello de calidad reconocido transversalmente. Esto le ha permitido a la institución hacer contribuciones importantes en materia de políticas públicas. El caso más reciente ha sido en el área de salud. Sus estudios no solamente han cuestionado los cálculos de la administración del Presidente Obama en cuanto al costo de su programa de salud, sino que también ha entregado evidencia del impacto de algunos de los problemas en su diseño. Su aporte ha permitido mejorar el diseño original y tener una idea de los costos de largo plazo de la iniciativa.

Pero el caso de la CBO no es único. El Instituto de Estudios Fiscales (IFS) del Reino Unido y la Oficina de Análisis de Políticas Económicas (CPB) de Holanda son también ejemplos de instituciones de gran independencia, con financiamiento del Estado, que cruzan las ciencias económicas con el análisis de políticas públicas para nutrir el debate de cifras y estadísticas objetivas.

Chile requiere de una institucionalidad de este tipo. Gran parte del debate en torno de la reforma tributaria, y ahora la educacional, podría haber sido encauzado con estimaciones independientes de sus costos e impacto. Los análisis financieros preparados por la Dirección de Presupuestos no son suficientes y requieren un contrapeso. Lamentablemente los centros académicos con el capital humano y el interés para poder suplir esta necesidad son contados con los dedos de la mano, los que además chocan con las restricciones en el acceso a la información controlada por el Estado. Es necesario dar el paso hacia una mejor institucionalidad que vele por las buenas políticas públicas. No hay mejor cura para evitar el populismo que un debate basado en el análisis desapasionado de cifras objetivas.