A pesar de ser un eje central del discurso gubernamental, la gratuidad de la educación superior aparece envuelta en ambigüedades, contradicciones e incertidumbres. Así ha sido desde el momento en que fue anunciada por Michelle Bachelet durante la campaña pasada (abril de 2013). En dicha oportunidad señaló: "Creo que es regresivo que quienes pueden pagar no paguen". Y agregó: "Mi opinión personal es que no encuentro justo que el Estado pague la universidad de mi hija si puedo pagarla". ¡Toda la razón!

Su programa de gobierno propuso algo distinto, sin embargo: "Avanzaremos gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior", anuncia, "en un proceso que tomará 6 años". Durante el actual período accederían a la gratuidad los estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población.

Tan enredado planteamiento inicial luego se fue complicando cada vez más. Efectivamente, los argumentos esgrimidos frente a una política de gratuidad universal resultan difíciles de sortear.

Primero, el avanzado grado de masificación de la matrícula impone un altísimo costo a cualquier política de gratuidad universal. Se calcula en alrededor de 5 mil millones de dólares anuales. En relación con los ingresos tributarios del Estado, Chile se convertiría por lejos en el país del mundo con un mayor gasto en este nivel educacional.

Segundo, el hecho de que cerca de un 80% de la matrícula sea provisto por instituciones privadas, incluidos algunos CFT e IP constituidos como organismos con fines de lucro, agrega una dificultad adicional. De hecho, ningún país con un régimen mixto de provisión ha implementado una política de gratuidad universal.

Tercero, dado que los grupos con mayor capital económico, social y cultural poseen una evidente ventaja en cuanto a la participación de sus hijos en la educación superior, resulta difícil justificar la gratuidad universal. En la práctica, el diez por ciento más rico recibiría un 24% del gasto en dicho subsidio, contra solo un 3% el diez por ciento más pobre; ¡ocho veces más!

¿Qué se propone para deshacer el enredo y alivianar la carga de la gratuidad universal?

El ministro sugirió financiar los estudios solamente durante un período acotado de años. Su asesor principal indicó que el gasto destinado a gratuidad y al fortalecimiento de la educación superior no sería mayor que el 30% de lo recaudado por la reforma tributaria para financiar al sector educacional en su conjunto.

Los rectores de universidades estatales plantean que la gratuidad solo incluya inicialmente a los estudiantes de las instituciones que ellos dirigen. Ciertos dirigentes estudiantiles -junto con reclamar "por el hondo desorden y la falta de claridades dentro del Ejecutivo"- proponen derechamente adoptar un régimen estatal de provisión, con instituciones íntegramente subsidiadas, ingreso libre y gratuidad.

Y más aún. Expertos próximos al ministerio se declaran partidarios de cobrar un impuesto a los graduados como una manera de compensar el costoso gasto en gratuidad. Otros prefieren mantener un esquema de créditos contingentes al ingreso y becas de estudio y subsistencia. Hay quienes sugieren limitar la gratuidad solo a los estudiantes más meritorios, o más resilientes, o más necesitados. Otros desearían reservarla solo para programas de estudio de interés social o prioritarios para el desarrollo nacional.

La mera profusión de fórmulas improvisadas para sortear los obstáculos que se erigen frente a la gratuidad universal muestra que esta es una propuesta inmadura, contradictoria en su origen y con un débil sustento intelectual y técnico. Por lo demás, la mayoría de esas fórmulas no conducen al fin buscado; algunas son inviables, otras puramente utópicas y varias añaden complicaciones antes que ofrecer soluciones.

De cualquier forma, ahora corresponde al Gobierno actuar. Debe aclarar cómo pretende poner orden en una situación que a todas luces se ha desordenado. ¿Es posible y justa la gratuidad universal de los estudios superiores antes siquiera de tener una educación básica y media de calidad y gratuita? ¿Puede volverse no-regresiva una medida que tan clara y contundentemente favorece a los herederos del capital cultural, social y económico? ¿Podrá el Gobierno resistir las presiones o terminará nada más que implementando una gratuidad "a la manera" latinoamericana; esto es, para un limitado número de universidades y solo una proporción de los estudiantes, creándose así un nuevo privilegio estamental para ellos?