Por cada libro, clavo o pan que compramos, pagamos IVA de 19%. No es poco. Todos los ciudadanos nos acostumbramos a pagar algún tipo de impuestos. ¿Por qué? Un juez en EE.UU., Oliver Wendell, dijo a inicios del siglo XX: "Los impuestos son el precio que pagamos para la civilización". En este sentido, los impuestos son legítimos cuando los contribuyentes sabemos que lo recaudado se gasta efectivamente para la "civilización", y con eficiencia.

No obstante, para cada gobierno siempre existe el riesgo de que el poder se convierta en un objetivo propio. Como consecuencia, el gasto público corre constantemente el riesgo de ser asignado con criterio político. Considerando lo anterior, la transparencia en el gasto fiscal es condición sine qua non para legitimar la recaudación de impuestos. Funciona como un filtro republicano que facilita que la autoridad pública gaste los recursos fiscales en forma eficiente, bajo el imperio de la ley, dentro de su ámbito, y no en el de la discrecionalidad o arbitrio de su titular. Tal como la gerencia de una sociedad anónima rinde cuenta a todos sus accionistas, cada gobierno debería rendir cuenta a todos sus contribuyentes sobre los recursos fiscales, y así justificar el trabajo que está haciendo con fondos que no son de su propiedad.

En Chile, el gasto del gobierno central ya aumentó considerablemente, desde $11 trillones en 2003 hasta unos $32 trillones en 2014. Además, está ad portas la reforma tributaria. En este escenario, es bueno saber que hoy los contribuyentes chilenos tenemos solamente un restringido acceso a información sobre el gasto público. Son muchos los datos que el Gobierno publica en varios sitios web al respecto, pero todos entregan solo una visión parcial. Sabemos cuánto gasta cada ministerio y cómo se reparte el gasto público según objetivos generales. Pero los contribuyentes desconocemos gran parte de los objetivos medibles del gasto, por lo que desconocemos gran parte de los resultados de la gestión pública. Desconocemos cuáles son las regiones beneficiadas por el gasto, y no podemos cruzar información para saber, por ejemplo, cuáles han sido todas las asesorías realizadas con fondos públicos, por cierto tipo de instituciones, apuntando a ciertos objetivos, en ciertas regiones, en un período de varios años.

Mucho se ha avanzado en materia de transparencia en Chile, especialmente desde el primer mandato de Michelle Bachelet, considerando la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, en 2009. Antes de seguir aumentando el gasto estatal, llegó ahora el momento de que el Gobierno haga entendible para qué y cómo gasta los recursos públicos. De esta manera, se legitimaría más la reforma tributaria y se mejoraría la calidad de la gestión pública. Porque lo que no se transparenta, difícilmente mejora.

Jeannette von Wolfersdorff