Los anuncios de inversión en concesiones siempre son una buena noticia para el país, más aún cuando la economía se desacelera y los sectores productivos requieren de señales de largo plazo para invertir.

La primera etapa se cumplió. Tener un plan de esta envergadura es una tarea compleja, que no siempre deja conformes a todos.

Ahora viene el desafío más difícil para el Ministerio de Obras Públicas, dado que no solo debe cumplir con las expectativas, sino que también con la aprobación de las comunidades, y con las complejidades técnicas y económicas de cada iniciativa.

Hoy, las obras son más costosas que años atrás, porque las especificaciones son más exigentes, hay mayores mitigaciones que realizar y, en general, se requieren subsidios del Estado más altos.

Esta situación ha sido abordada por el actual titular de la cartera, quien ha precisado que el plan es más bien "potencial", ya que debe superar requisitos técnicos, conseguir los respaldos ciudadanos para su ejecución y el financiamiento.

Algunos de los proyectos anunciados que deberán pasar por este proceso son el Ferrocarril Transandino, cuyo costo podría superar las estimaciones preliminares (3.300 millones de dólares, es decir, unos cinco megaproyectos del Puente Chacao). Una situación similar podría enfrentar la iniciativa de la Costanera Central (1.800 millones de dólares) que requerirá para su materialización un importante subsidio del Estado.

Otro proyecto estratégico del plan presentado es la concesión del segundo tramo de Américo Vespucio Oriente, que demandaría para su desarrollo un aporte estatal de 726 millones de dólares.

El panorama de estas iniciativas, por la envergadura de sus inversiones, parece ser muy complejo, pero no imposible de llevar adelante, si es que efectivamente lo anunciado busca superar la etapa de la promesa.

Para transformar estas obras en realidad, el país requiere avanzar por sobre la naturaleza de los proyectos, más allá de si varios venían ya adjudicados o con distintos grados de avance. Se necesita actuar con prontitud sobre las bases de licitación, para que incluyan las mejoras y enseñanzas que el sistema ha dejado desde su inicio en nuestro país. También sobre los estudios de ingeniería para conocer el costo real de las iniciativas.

Dicho esfuerzo requiere del trabajo conjunto público y privado, con la participación de los beneficiados, porque el impacto de las obras sobre la calidad de vida de las personas trasciende los gobiernos de turno.

Cumplir el máximo posible de la cartera de inversión tiene que transformarse en un desafío que despliegue los máximos esfuerzos para llevarlo a cabo.

No solo hay que materializar los proyectos, se debe lograr además que respondan a las necesidades de los usuarios durante todo el período de la concesión. Hay que pasar de la cultura de materializar obras a la de proveer servicios de infraestructura.

Quizás algunas iniciativas superen las etapas más complejas y otras deban volver a revisarse. Lo importante es que el anuncio intente avanzar en las obras que el país requiere para su crecimiento, con mecanismos de participación claros, que eviten retrasos y problemas en su gestión.

Hernán de Solminihac
Profesor Titular
Escuela de Ingeniería UC e investigador Centro Latinoamericano de Políticas Públicas y Sociales de la UC- CLAPESUC