"Jamás voy a pagar la deuda universitaria, porque creo que la educación es un derecho". Por si se lo perdió (lo dudo), esa fue la respuesta del alcalde de San Vicente de Tagua Tagua, Jaime González, al ser consultado por la deuda de 45 millones de pesos que mantiene por el no pago de créditos universitarios.

Por donde se la mire, la frase es mala, muy mala. De hecho, me hizo recordar algo a Hilario Ramírez Valenzuela, el alcalde de San Blas en México, que reconoció haber robado "un poquito" a la presidencia municipal mientras ocupó el cargo (para ser justos con Ramírez, a diferencia de González, explicó que había sido una broma).

Pero, increíblemente, el comentario del edil nacional no es tan excéntrico en el Chile de hoy. Lo cierto es que, más allá de ser un visionario de la gratuidad -los créditos los tomó hace 30 años-, como sociedad no solo hemos hecho vista gorda de acciones que sustentan su posición, inaceptables en cualquier nación desarrollada, sino que incluso las hemos incentivado con ingeniosas políticas públicas. Los perdonazos de Dicom son buenos ejemplos. Así, el chileno ya no frunce el ceño cuando se entera de que uno de cada cuatro pasajeros no paga el Transantiago; se acostumbró a que tomas de colegios no tengan sanción; le parece incluso simpático que hinchas traten de meterse "a la mala" al Maracaná (¡hasta los brasileños se sorprendieron!), y no se espanta cuando un "artista" decide expresar su "talento" quemando los pagarés de los estudiantes de la Universidad del Mar. Pareciera que en Chile las reglas están para no cumplirlas. Total, paga Moya. Esta es nuestra mayor traba al desarrollo.

Pero volvamos al alcalde. En economía, su caso no es nuevo. La teoría nos dice que en cualquier contrato que envuelve algún grado de incertidumbre, hay que evitar que gente que llegue a firmarlo lo haga pensando que su incumplimiento puede ser beneficio (selección adversa) y que, una vez firmado, las partes no tengan incentivos a "hacerse los locos" desconociéndolo (riesgo moral). Ambos problemas afectan desde estados (¿alguien dijo Argentina?) hasta personas.

¿Cómo se arregla este tipo de problemas? Primero, con mejores contratos. El alcalde pudo hacer lo que hizo porque las cláusulas del crédito estaban mal diseñadas. Segundo, más fiscalización. El mismo edil lo dice: "Pagaré cuando me cobren". Ambos temas pueden explicar parte del importante aumento en la morosidad en el sistema: el número de personas con moras mayores a un año por créditos para la educación superior pasó de 7.761 en diciembre de 2011 a 18.610 en diciembre de 2013.

Pero nada ayudaría más que un cambio cultural. El alcalde nos demostró que en Chile la frescura no solo no está penalizada, sino que incluso renta. Le apuesto que esta será la última vez que sepa de él... Bueno, hasta su reelección.